El Gobierno exige sacrificios a toda la sociedad

La palabra "sacrificios" sustituyó ayer a la de "esfuerzo" en el discurso del Gobierno. "La crisis es de todos" afirmó el ministro de Economía, Pedro Solbes, por lo que "los sacrificios para salir de ella deben ser exigidos a toda la sociedad. Uno de ellos consistirá en posponer "el esfuerzo de inodemización con inversiones públicas" que defendió el PSOE durante la campaña electoral. La inversión pública crecerá el próximo año sólo un 2,5%, aunque el principal esfuerzo se concentrará en la construcción de infraestructuras, con un aumento del 11,4%, dado su papelmotor de la actividad económica. El Gobierno intentará que el recorte sea menos drástico en los gastos sociales, pues su objetivo es "proteger la protección", pero "evitar la sobreprotección".

"Superar la situación de crisis, crear empleo y mejorar el bienestar social de los españoles son las razones del esfuerzo que hoy pedimos a todos". Con esta afirmación concluyó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, su primera intervención en el primer pleno extraordinario celebrado durante las vacaciones de agosto. Había comenzado con otra igual de rotunda: "Nos hallamos en una grave recesión, aunque es posible que lo peor haya pasado ya". Posible, pero no seguro. De ahí la insistencia del ministro en solicitar sacrificios compartidos y en asumir algún error pasado con otra expresión: "reconducir" las cuentas públicas.Este objetivo está detrás, según Solbes, de la subida del impuesto sobre los carburantes y el recorte del gasto que el Ejecutivo aprobó en la noche del miércoles. El ministro justificó la urgencia de ambas medidas porqu la

'e caída de ingresos y el aumento de gastos colocan la previsión de déficit para este ejercicio por encima del 5% del PIB, cuando el presupuesto preveía sólo un 2,4%. Con todo, la inversión en infraestructuras quedará salvaguardada, pues Solbes se comprometió a un aumento del 11,4% el próximo año.

Como, justificación del aumento de gastos, Solbes recordó que había 871.000 millones de déficits acumulados por el desempleo de años anteriores y mencionó los créditos extraordinarios habilitados por la rotura de la presa de Tous o para los hemofílicos infectados de sida. No mencionó, por ejemplo, el contrato programa de Radiotelevisión Española, y escuchó después -desde los bancos del Partido Popular- un motivo concreto del desvío del gasto. Según Rodrigo Rato, "entre abril y junio el Gobierno aprobó 1,5 billones de pesetas en créditos extraordinarios por motivos electorales".

Los funcionarios

Los sacrificios que solicitó ayer el Gobierno para salir de la crisis tendrán un primer destinatario: los empleados públicos. Según anunció Solbes, el Estado, "como empleador público" ofrecerá a "los funcionarios y demás empleados públicos una subida salarial entre 1994 y 1996 que quede seis puntos por debajo de la inflación". Es decir, la propuesta de pacto de rentas que el Ejecutivo ha comunicado a sindicatos y patronal será aplicada, de entrada, a los funcionarios.La inversión pública no crecerá tanto como estaba previsto. El compromiso de alcanzar un 5% del producto interior bruto (PIB), es decir, unos tres b illones de pesetas, sigue siendo un objetivo como media para los próximos años y del total de las Administraciones Públicas, es decir, incluidos ayuntamientos y comunidades autónomas. En 1992 ya se incumplió este compromiso al quedar el total de inversión pública en el 4,3% del PIB.

Esta contención es, según Solbes, una muestra de que el Gobierno pretende "dar ejemplo" ante los sacrificios a compartir. Ese ejemplo. se traducirá en una "reducción drástica y selectiva del déficit" como método "para animar una recuperación económica sólida". La selección pretende, según el discurso del Gobierno, "proteger la protección" porque "no hay nada más regresivo que gastar mal".

Esta afirmación fue contestada con un sonoro abucheo desde los escaños del Partido Popular y con una acusación posterior del diputado popular Rodrigo Rato: "Si no hay nada más regresivo que gastar mal, los gobiernos socialistas han tenido la política más regresiva de la Historia española".

Solbes explicó que de lo que se trata es "de hacer compatible la protección social"-en concreto, el subsidio de desempleo con "la viabilidad financiera de la prestación durante los próximos años". Para ello detalló el plan avanzado a los agentes sociales para contener la factura del desempleo. Entre esas medidas destacan las siguientes: "modular" las prestaciones en función del número de hijos a cargo, evitar que se cobre más en paro que trabajando, corregir la percepción de subsidio si hay indemnizaciones por pérdida de puesto de trabajo o garantizar que los trabajadores de baja por enfermedad no cobren más que los que están en activo.

Todas estas medidas, insistió el -ministro, intentarán consensuarse con los sindicatos y empresarios con una fecha límite: el 1 de enero de 1994. El Gobierno también negociará con los interlocutores sociales, y con la misma fecha límite, la reforma del mercado de trabajo.

La insistencia con la que Solbes subrayó la decisión de pactar con sindicatos y empresarios recibió una expresa crítica del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Miquel Roca. Éste dejó claro en su intervención que la voluntad de pacto del Ejecutivo "no puede ni debe sustituir ni condicionar a la Cámara".

Respaldo parlamentario

Solbes aprovechó su turno de réplica Dara intentar limar esta critica de Roca. "El pacto social no supone ningun condicionante al Parlamento, sirve para ayudar a definir las posiciones que adoptará el Gobierno en esta Cámara", replicó el ministro.El ministro no quiso abrir más frentes, por lo que no aceptó las invitaciones de Rato a que comentara el espinoso asunto de los contratos blindados para altos cargos de la Administración. "¿Pero es que existen ese tipo de contratos en la Administración?", se mostraba escandalizado Rato, que conminó al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, a que investigara el asunto. En los pasillos, un ministro del equipo económico daba apariencia de normalidad a este asunto con el argumento de que puede existir ese tipo de contratos en sociedades anónimas aunque haya capital público.

El portavoz socialista, Carlos Solchaga, defendió las medidas del Gobierno que consideró equilibradas para repartir con justicia los costes de la crisis. .