Roca eleva el listón de las exigencias de CiU para apoyar a Gonzalez

Los nacionalistas catalanes y vascos dejaron claro ayer en el debate parlamentario que en su respaldo al Gobierno de Felipe González hay notables diferencias. Miquel Roca, portavoz de CiU, puso muy alto el listón del apoyo de su grupo al Ejecutivo al reclamar un cambio de política económica con medidas que chocan con lo que hasta ahora ha defendido el PSOE. En cambio, Jon Zabalía, que se estrenó ayer en un debate en el Congreso,, apuntó que el voto del PNV "no es un cheque en blanco" pero antes había recalcado que la crisis es tan grave que requiere el esfuerzo y el apoyo de todos.

El objetivo social prioritario de cualquier acción económica del Gobierno debe ser, según Roca, el crecimiento y la creación de empleo, porque si no, no se podrán mantener las características del Estado del bienestar o la cohesión social. Afrontar esos objetivos con credibilidad exige, en opinión del portavoz parlamentario de Convergéncia i Unió, un cambio en profundidad de la política económica, "porque si no se irá a administrar lo de siempre". Roca defendió una serie de medidas urgentes para salir de la crisis que distan mucho de las defendidas hasta ahora por el PSOE, pero que a su entender serán las únicas efectivas, aunque puedan ser tildadas de neoliberales. El portavoz de CiU hizo así un elogio de la eficacia por encima de las ideologías y, tras citar al primer ministro del Gobierno francés de centro -derecha, Edouard Balladur, dijo: "Al final todo -se parece. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y basta". El hecho de que el presidente catalán y líder de Convergéncia, Jordi Pujol, apoyase en público la -petición del Partido Popular de una comparecencia extraordinaria del Ejecutivo para explicar su respuesta a la crisis, obligando así a González y a su equipo a un cambio de planes, da un valor añadido a las medidas a que aludió Miquel Roca, extrañas a las propuestas socialistas. El titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tuvo en su réplica que limar las aristas críticas del parla mentario catalán al destacar la preocupación conjunta de Convergéncia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco por salir de la crisis económica. Para Roca, sus iniciativas deben tomarse y anunciarse ya para dar confianza a los agentes económicos, aunque su entrada en vigor efectiva se retrase hasta el 1 de enero de 1994 con los nuevos Presupuestos Generales. El portavoz de CiU exigió esa urgencia para "exonerar" del pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Solbes le replicó luego que conviene "mejorar el trato fiscal de las pyrnes", sin hablar de que no paguen nada. Roca reclamó también que se aceleren las privatizaciones de empresas públicas, porque "los pobres no venden cuando quieren, sino cuando pueden". El ministro respondió que "no conviene tener una posición dogmática sobre las privatizaciones" y que se va a seguir la línea de los últimos años. Pedro Solbes, en cambio, no dijo nada a una propuesta mucho más radical de Miquel Roca:"¿Para cuándo la regularización de balances?". Esta medida ha sido aplicada en el País Vasco para reducir sustancialmente los impuestos que pagan las empresas. El titular de Economía tampoco dijo nada sobre la petición de CiU de diferenciar entre el trato fiscal a los beneficios según se repartan o se reinviertan, ni respondió a la alusión de Roca de que el sector público sigue demorando sus pagos a las empresas.

Condiciones al pacto social

El político catalán puso de relieve a sus socios otra cuestión de importancia: el pacto social no sustituye ni puede condicionar las competencias del Parlamento. Roca, aun apoyando el diálogo entre el Ejecutivo y los agentes sociales, ponía así límites al carácter vinculante de tal negociación. "Las reformas estructurales corresponden al Congreso, que es donde están los representantes de los intereses generales", recalcó Roca. Este aspecto trae a primer plano la polémica sobre la ley de Huelga. Esta ley fue una de las piedras de toque de los sin*dicatos para sentarse a dialogar el pacto social, hasta que el Gobierno se comprometió a volver a presentar en el Congreso el texto pactado con las centrales en la anterior legislatura. El problema es que Convergéncia i Unió, que condiciona la mayoría absoluta del PSOE en el Senado, presentó un veto a la ley en la anterior legislatura y sigue criticándola ahora. Frente a las condiciones puestas por CiU, el portavoz de los nacionalistas vascos mostró a las claras que el Ejecutivo va a contar con el apoyo del PNV mientras no se vea el final del túnel de la crisis. Jon Zabalía pidió a Felipe González que "lidere la salida de la crisis, con decisión y energía, pero con consenso, diálogo y cambio de talante".El diputado peneuvista, como todos los intervinientes ayer, defendió una batería de medidas necesarias,- a su entender, para resolver la situación económica y controlar rígidamente el gasto público. Zabalía apostó por la congelación o reducción de las plantillas de funcionarios, pidió una política industrial activa, solicitó que se aceleren las privatizaciones y exigió al Gobierno un compromiso para mantener la presión fiscal y modificar su estructura, dando más peso a los impuestos indirectos (como el IVA, las tasas sobre los carburantes o los gravámenes al tabaco y el alcohol) que a los directos (como el IRPF). Con todo, el portavoz de los nacionalistas vascos en el debate enfatizó que el apoyo de su grupo a la investidura presidencial de Felipe González no debe malinterpretarlo el Gobierno como un cheque en blanco. "Seremos beligerantes ", indicó Zabalía, con las actitudes del Ejecutivo que se alejen de las propuestas defendidas por los nacionalistas vascos.