El Gobierno estudia congelar los sueldos a los funcionarios en 1994 y subir impuestos indirectos

Los sueldos y las plantillas de todos los empleados públicos pueden quedar congelados en 1994. Así lo anunció ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, tras el primer Consejo de Ministros que analizaba "las líneas maestras" del presupuesto del próximo año. Junto a la "congelación de los capítulos I y II" (es decir, plantillas y gastos corrientes), el Gobierno estudia para este año una subida de los impuestos indirectos y, en concreto, de los que se aplican a tabaco y alcohol. Solbes anunció asimismo que "antes del 1 de enero" el Ejecutivo tiene previsto aprobar las normas de reforma del mercado de trabajo.

"El Gobierno ha decidido reducir el gasto de forma selectiva para que se mantenga la actividad económica y la inversión". Tras esta declaración de principios, el ministro de Economía Pedro Solbes, anunció que la desviación de los gastos en el presupuesto de 1993 ya supera los 1,3 billones de pesetas, mientras que los ingresos públicos han caído en 0,7 billones de pesetas respecto a lo previsto.Ante esta situación, afirmó Solbes, "cualquier medida que permita reducir el gasto es buena", pero no se aprobará hasta el próximo Consejo de Ministros. Adicionalmente, el ministro dejó caer que "se pueden seguir aproximando" los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco a los niveles de otros países de la Comunidad Europea. Sobre una hipotética subida del IVA, añadió, "no hay nada decidido ni descartado".

Este ajuste estará seguido de un presupuesto para 1994 que contempla un déficit público "del 4,5% del producto interior bruto", la imposición de "techos financieros para algunos gastos", entre los que destaca la factura del desempleo, la "congelación de los capítulos I y II", el "mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones" y el "mantenimiento del compromiso de inversión en infraestructuras".

El 4,5% de déficit público para 1994 cumple, según Solbes, dos objetivos: es "consistente" con el requisito del Tratado de Maastricht de un 3% de déficit de todas las administraciones públicas en 1996, y es inferior al déficit con el que se cerrará 1993.

Subsidio de desempleo

El "techo" al gasto de desempleo se discutirá en la negociación del pacto social, para lo que el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, va a enviar los próximos días un documento a los interlocutores sociales con cuatro propuestas para contener el gasto de desempleo:

-Luchar contra el fraude en cotización y percepción de las prestaciones por desempleo.

-Lograr que "la prestación no disuada de la búsqueda activa de empleo".

-"Refórzar la relación entre la involuntariedad de la situación de desempleo y la percepción de la prestación", es decir, obligar a la búsqueda activa de empleo.

-"Coordinar la percepción del subsidio de paro con otras fórmulas de protección que pueda tener el desempleado", es decir, evitar que se cobre el subsidio a la vez que, por ejemplo, una indemnización por despido.

La moderación del gasto en los capítulos I y II ya se ha intentado este año. En el capítulo I -gastos de personal- con la congelación de las plantillas y, una subida de sólo el 1,8% para los funcionarios. Para lograr la congelación del gasto, la decisión debe ser más drástica, ya que las "pensiones de las clases pasivas" son un apartado de este capítulo que en 1993 se presupuesto en casi 0,6 billones de pesetas. Aunque Solbes matizó que "la congelación es sólo una hipótesis de trabajo que no se decidirá hasta septiembre", los trabajos presupuestarios realizados por Administraciones Públicas y Hacienda ya contaban con "no cubrir las bajas vegetativas" de funcionarios y otros empleados, públicos para reducir gastos de personal.

El capítulo II, de compras de bienes y servicios, debía crecer este año sólo un 1,9% pero, según las últimas estimaciones del Gobierno, ya lleva una desviación del 17%. Otra gran partida de gastos que el Gobierno quiere reconducir, "en la vía ya iniciada", es el de farmacia. Solbes no especificó cómo se abordará un nuevo recorte en estas prestaciones pero sí dejó claro que se han iniciado contactos con los sectores afectados.

Junto a estas propuestas de reducción de gastos, el ministro reiteró "que es objetivo del Gobierno mantener el compromiso de inversión en infraestructuras y el poder adquisitivo de las pensiones". Solbes ha matizado que el compromiso de inversión en infraestructuras del 5% del PIB es aplicable a "la legislatura", y no necesariamente a todos y cada uno de los años. Respecto a las pensiones, en la anterior legislatura existía un acuerdo para su revisión automática según la inflación pasada.

Todas estas medidas, a juicio del ministro, son claramente insuficientes ante la gravedad de la crisis por lo que deben "ser acompañadas por reformas estructurales y de acompañamiento". La "esencial" es, según destacó Solbes, "la reforma del mercado de trabajo que analiza en estos momentos el Consejo Económico y Social (CES) sobre la base del documento que envió el Gobierno antes de la convocatoria de elecciones".

Acelerar la negociación

La garantía de este carácter "esencial" de la reforma laboral para el Ejecutivo reside en el compromiso, avanzado ayer por Solbes, de "enviar al Parlamento todos los proyectos de ley que exija esa reforma y aprobar en Consejo de Ministros las restantes normas antes del 1 de enero de 1994". Esta decisión acelera notablemente el calendario de negociación de la reforma del mercado de trabajo con los interlocutores sociales.

La reforma del mercado de trabajo estará acompañada de "una serie de medidas para aumentar la competencia y reducir la inflación en el sector servicios", de "ventajas fiscales para las pequeñas y medianas empresas", de "medidas de apoyo a la exportación", de un "programa de modernizacioón de la Administración Pública que permita una reducción sensible del gasto en el trienio" y de la "intensificación de la lucha contra el fraude". Ésta última contará con "una unidad interministerial" que coordine la actuación de toda la Administración.