Los sindicatos acusan al Gobierno de "echar por tierra" la ley de huelga

El 29 de abril los diputados ya no ratificarán el proyecto de ley de huelga pactado por el PSOE y los sindicatos. El adelanto de las elecciones generales al 6 de junio ha frenado en seco un texto marcado por la polémica, que llegó a enfrentar al Gobierno y al PSOE y levantó las iras de los empresarios españoles. Las protestas ahora son de los sindicatos. UGT asegura que con esta decisión el Gobierno demuestra "su voluntad de echar por tierra un acuerdo entre su grupo parlamentario y los sindicatos". CC OO, por su parte, considera burlada la negociación entre el PSOE y las centrales, aunque espera que el proyecto de ley se incluya en el programa electoral socialista.

El anuncio de la fecha para las elecciones anticipadas y la consiguiente paralización del proyecto de ley de huelga ha provocado una fortísima reacción de los sindicatos. En un comunicado emitido la tarde de ayer, UGT asegura que el Gobierno y su presidente, Felipe González, han pretendido, con el adelanto de las elecciones, "echar por tierra el acuerdo logrado entre su grupo parlamentario y los sindicatos". La central que dirige Nicolás Redondo recuerda que fue Felipe González quien delegó en su grupo parlamentario para negociar el proyecto de ley. Además, entiende que "esta medida va en contra de los sindicatos, de los trabajadores y del propio Grupo Parlamentario Socialista. Hubiera sido de una elemental responsabilidad hacer compatible esta decisión con la promulgación de la ley".Por último, UGT estima que "no es con medidas que buscan el aplauso de la derecha -como la posibilidad de promulgar una ley de huelga regresiva y una propuesta de reforma del mercado laboral que facilita el despido libre- como se regenerará el PSOE".

Comisiones Obreras considera que la voluntad de diálogo social "expresado por Felipe González en el caso de obtener, la representación electoral que le permita gobernar, carece de la necesaria credibilidad, una vez burlado el diálogo y el acuerdo en temas como la ley de huelga". El sindicato que encabeza Antonio Gutiérrez espera que "este proyecto de ley forme parte de los programas electorales del PSOE, IU y CDS, y que conste su compromiso de aprobación en la próxima legislatura".

Satisfacción empresarial

La decisión del Gobierno ha sido acogida de manera bien distinta entre los empresarios. Aunque la cúpula de la patronal ha preferido esperar a la junta directiva de hoy para emitir una opinión oficial, en los ambientes próximos a la CEOE se comentaba con satisfacción el parón del proyecto de ley, que era considerado como una auténtica agresión por parte del PSOE, del Ejecutivo por extensión, y de los sindicatos.

La paralización del proyecto de ley, y puede que su futura desaparición definitiva, es la guinda ideal para la rocambolesca y tensa historia que le ha rodedado. Los enfrentamientos entre el Gobierno y los sindicatos, del grupo parlamentario socialista con varios ministros y, finalmente, de la CEOE con el propio Ejecutivo comenzaron aproximadamente hace un año.

En ese momento, las relaciones entre el Gobiernos y las centrales sindicales atravesaban uno de sus momentos más tensos. De hecho, cuando en mayo de 1992 se rompieron las negociaciones para presentar un texto consensuado, los sindicatos convocaron una huelga general de cuatro horas para el 28 de ese mes.

La respuesta del Ejecutivo fue contundente. Remitió inmediatamente un proyecto de ley en el que no se incluía ninguna de las peticiones de los sindicatos y se hacía alguna leve concesión a los empresarios. Sin embargo, el inicio del trámite parlamentario coincidió con un cambio radical en la concepción de lo que debía ser el proyecto de ley. Por ello, y después de innumerables reuniones y ocho prórrogas del plazo de presentación de enmiendas en el Congreso, el PSOE y los sindicatos redactaron un proyecto de ley totalmente distinto, incluso en la forma, pues los 41 artículos iniciales se convirtieron en 24. José Barrionuevo, por el PSOE, Apolinar Rodríguez, por UGT, y Agustín Moreno, por CC OO, llevaron, el peso de las negociaciones.

Este pacto desencadenó una oleada de opiniones en contra, tanto de algunos miembros del Gobierno como de la patronal CEOE. Ministros como Carlos Solchaga (Economía) o Claudio Aranzadi (Industria) y altos cargos de la Administración, como el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, expresaron reiteradamente su malestar por las modificaciones. Hasta el propio presidente del Gobierno sugirió en una reunión con empresarios que podrían introducirse modificaciones en algún momento del trámite parlamentario que aún restaba por cubrirse.

Mientras tanto, la CEOE tomó el proyecto de ley de huelga como un auténtico casus belli que se tradujo en el fin del apoyo de las grandes directrices de la política económica del equipo de González. De hecho, en la gran concentración de empresarios del pasado 26 de febrero de 1993, el principal banderín de enganche utilizado por el presidente de la patronal, José María Cuevas, fue el polémico proyecto de ley.

A pesar de este conjunto de críticas, el proyecto de ley siguió su cauce parlamentario y fue aprobado por el Senado el pasado 1 de abril. Ahora, y tan sólo a falta de que el Congreso lo ratificara. el próximo día 29, ha quedado anclado hasta la próxima legislatura.