Censura en Murcia

EN TORNO a la moción de censura presentada por el Partido Popular (PP) contra el presidente socialista de la Comunidad de Murcia, Carlos Collado, que ayer se votó en la Asamblea regional, parecen cruzarse al menos tres líneas diferentes: la sospecha de un comportamiento culpable del presidente murciano en relación a la adquisición de unos terrenos a un precio muy superior al de mercado, la utilización de ese asunto por parte de un sector del PSOE local enfrentado con Collado y la explotación por parte del PP murciano de esas sospechas y de ese conflicto interno.La moción no prosperó al votar en contra los parlamentarios del Grupo Socialista, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. Dado que la moción de censura exige la presentación de candidato alternativo, los representantes del PSOE, cualquiera que fuera su opinión sobre Collado -y no es un secreto que han solicitado su dimisión-, no tenían otro remedio que rechazar la moción para evitar el absurdo de elegir con su voto al candidato del partido rival. Ello no significa que la moción fuera políticamente absurda. Su debate permitió a la oposición, de acuerdo con las funciones que le corresponden, denunciar lo que considera "paralización de la Administración" a consecuencia de las supuestas irregularidades y del enfrentamiento entre Collado y el Grupo Socialista.

Ese enfrentamiento viene de lejos, y es posible que tenga más que ver con la defensa de posiciones de poder -en el partido y las instituciones- que con diferencias políticas o divergencias, respecto a la gestión. El caso es que 22 de los 24 diputados regionales del PSOE han firmado un documento en el que retiran su confianza a Collado y piden a la dirección nacional del partido que le fuerce a dimitir. En principio resulta dudoso que unos cuantos políticos, o la dirección de su partido, estén legitimados para forzar la destitución de un presidente cuya elección, aunque formalmente indirecta, está políticamente avalada por los votos del 46% de los electores murcianos.

Pero es cierto que los críticos de Collado cuentan con poderosos argumentos: el Tribunal de Cuentas y la comisión parlamentaria de Economía, cada cual con arreglo a los métodos que le son propios, han apreciado en la documentación analizada indicios de comportamiento delictivo, o al menos irregular, del presidente regional en relación a la adquisición de unos terrenos destinados a la instalación de una empresa multinacional. En función de esos indicios, la comisión parlamentaria remitió la documentación correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que de momento ha decidido enviarla al fiscal para su investigación.

Con o sin retirada de confianza por parte de su grupo, los pronunciamientos de esos organismos deberían haber bastado para que Collado se adelantara a dimitir (del mismo modo que debió hacerlo Hormaechea en Cantabria cuando fue procesado por los mismos delitos de prevaricación y malversación que figuran en la querella presentada por Izquierda Unida contra el presidente murciano). Esa dimisión en absoluto habría prejuzgado la culpabilidad de Collado. La comisión de Economía de la Asamblea murciana, tras analizar el caso con arreglo a los procedimientos parlamentarios, llegó a la conclusión de que existían responsabilidades políticas evidentes en una decisión que costó a la Administración regional muchos millones de pesetas. Parece evidente que hubo, como mínimo, una grave falta de diligencia, y ello debería haber sido suficiente para que Collado dimitiese. Si hubo más que eso es algo que deberán dilucidar los tribunales de justicia.