Gobierno planteará una 'etapa federal' en el debate del estado de las autonomías

El Gobierno se plantea una etapa nueva en el proceso autonómico en la que trata de desarrollar el principio de cooperación entre las autonomías, propio de los Estados federales. La propuesta se recoge en el texto que el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, presentará en el debate sobre el estado de las autonomías, que se celebrará los días 16 y 17 de marzo en el Senado.

A este debate, cuyo precedente se remonta al año 1987, serán invitados todos los presidentes autonómicos. Previsiblemente intervendrá también el jefe del Gobierno, Felipe González. El Gobierno, una vez alcanzado un alto grado de homogeneización de competencias entre las comunidades autónomas, tras la aprobación de la Ley de Transferencias el pasado 24 de diciembre, pretende aprovechar el debate sobre el estado de las autonomías para abrir una nueva etapa en la construcción del Estado, según reconoce Juan Manuel Eguiagaray. Esta nueva etapa se caracteriza por la cooperación entre las comunidades a través de las conferencias sectoriales.Las conferencias sectoriales, propias de los estados federales, que trata de estimular el Gobierno, reúnen a representantes de las 17 comunidades autónomas con una delegación gubernamental para abordar temas diversos, desde los industriales a los culturales. Estas conferencias no tienen carácter vinculante.

El Gobierno pretende también debatir el perfeccionamiento de la financiación de las comunidades por la vía de la corresponsabilidad fiscal. Según el texto, "los acuerdos de financiación de 1992 evidencian un importante acuerdo sobre ideas fundamentales, pero precisan también de ulteriores desarrollos en materia de corresponsabilidad fiscal y establecimiento de fondos de nivelación de servicios públicos fundamentales, que han de ser igualmente acordados".

Asimismo, planteará la descentralización del poder de las comunidades a los municipios, la racionalización de la Administración, un compromiso para dotar de un estatus especial para Ceuta y Melilla y un pacto sobre la representación en el Comité de las Regiones, institucionalizado por el Tratado de Maastricht.