El déficit presupuestario italiano se incrementó en un 6,6% anual por la financiación 'negra' de los partidos

El conjunto de comisiones ilegales pagadas por empresarios y repercutidas sobre los presupuestos que fue a engrosar las cajas negras de los partidos políticos italianos durante 1992 sumó 10 billones de liras (más de 750.000 millones de pesetas), según cálculos muy modestos. Dicha cifra, que equivale a cinco veces el monto de la financiación legal de los Partidos y al 0.4% del producto interior bruto (PIB) italiano, representa un incremento del 6,6% en el ya ingente déficit: público, calculado en unos 160 billones de liras para el año pasado, y se hace pública cuando el país se enfrenta a medidas de austeridad.

Otros estudios indican que las mordidas han incrementado en 110 billones de liras una deuda pública que se aproxima a los dos mil billones de liras, superando con creces el 100% del PIB. Se trata de datos difícilmente asimilables para una opinión pública que por estos días se enfrenta a una pérdida drástica de prestaciones sanitarias, como consecuencia de un plan del Gobierno orientado precisamente a poner orden en una contabilidad nacional incompatible con cual quier baremo razonable, y, entre otros, con el baremo fijado por los Doce en Maastricht. El cálculo de los 10 billones de liras ha sido realizado por el diario La Stampa, aplicando los porcentajes de comisiones que aparecen en las investigaciones judiciales sobre las compras de bienes y servicios realizadas por el Estado durante el pasado año Este procedimiento, que había sido ya aplicado en otro estudio realizado por el instituto democristiano de sociología Censis antes de que comenzaran las investigaciones de los jueces, ha merecido credibilidad, lo mismo que sus resultados

Una cifra modesta

Si acaso, la cifra de 10 billones de liras es criticada como modesta frente a una realidad que nunca llegará a ser totalmente estable cida, ya que se trata de dinero negro. Nadie, ni los propios jueces, puede aspirar a descubrir toda la madeja de transacciones seguida por las comisiones ilegales, generalmente a través de cuentas privadas personales o de sociedades muchas veces protegidas por el secreto de los paraísos fiscales, hasta desembocar en la financiación de,una campaña de propaganda, de una comida de partido, de algún viaje al extranjero o del chalé de un parlamentario.

Datos como que, solamente en contribuciones directas fijas, el ENI, el gran grupo petrolero estatal italiano, entregó a los partidos más de un billón y medio de liras entre 1970 y 1980; que el fin de la fusión entre el grupo químico del ENI y Montedison pudo suponer un sobrepago de cerca de un billón de liras a la empresa que dirigía Raúl Gardini, en una operación que los magistrados rastrean en busca de comisiones ilegales, o que el constructor Vicenzo Lodigiani admite haber pagado entre 25.000 millones y 30.000 millones de liras a democristianos y socialistas en 12 años sólo por hacer carreteras dan cuenta de la modestia de este cálculo de los 10 billones anuales. Especialmente si se tiene en cuenta que los propios arrepentidos que declaran ante la justicia tienden a decir que, hasta ahora, sólo han reconocido los pagos más difícilmente negables.

Refuerza esa convicción el hecho de que a Mario Chiesa, modesto funcionario socialista al frente de un asilo milanés de ancianos, le descubrieran los magistrados un patrimonio personal de más de 15.000 millones de liras (unos 11.000 millones de pesetas). Eso ocurrió pocos días después de que, el 17 de febrero de 1992, la detención de Chiesa mientras cobraba una comisión de sólo siete millones de liras de un pequeño empresario de limpiezas que previamente le había denunciado, desencadenara el terremoto que ahora sacude al sistema italiano.

Distintos porcentajes

A partir de ahí, los fiscales de Milán comenzaron a rastrear todas las contratas públicas, primero en asilos y hospitales, luego en el resto de los servicios municipales, como el transporte, la ampliación del metro, la reforma de los aeropuertos, la depuración de aguas, la construcción de carreteras y, más recientemente, las instalaciones de gas y también la instalación de repetidores eléctricos. Descubrieron que por cada operación se pagaba la comisión correspondiente: un 10% en las compras de bienes y servicios, entre un 6% y un 8% en las transacciones inmobiliarias, un 8% por construir una carretera sin pasar por concurso público y un 3% sobre otras obras públicas.

Gestores de grandes grupos, como la Fiat o Ferruzi, y todos los constructores de prestigio, que reconocieron que ya no pagaban un porcentaje sobre obra, sino uno fijo anual a los grandes partidos, fueron cayendo en las redes de esta investigación judicial, que ha terminado por centrarse en la gran empresa pública, como la eléctrica ENEL o el ENI, fuente tradicional de poder económico para los políticos.