Convergencia varada

UNA DE las afirmaciones más tajantes que realizó el presidente del Gobierno en la entrevista concedida a la SER el pasado día 26 fue la referida al grado de cumplimiento de las reformas estructurales previstas en el programa de convergencia aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de marzo de 1992 y por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la CE (Ecofin) el 9 de junio. Felipe González aseguró que el 80% de las reformas estructurales previstas en ese programa se había llevado a cabo.Si fuera cierto, los españoles podríamos esperar tranquilos la llegada de la recuperación de la economía: desaparecerían los obstáculos que han venido lastrando nuestra economía y España se acercaría a ese núcleo de países europeos con los que van a evaluarse los criterios de convergencia nominal exigidos para formar parte de la tercera y definitiva fase de la unión económica y monetaria (UEM).

Lamentablemente, no es el caso. La relectura de ese programa, guía fundamental de la estrategia económica del Gobierno, suscita hoy una doble sensación: la de la aparente lejanía en el tiempo, a pesar de su reciente elaboración, y la de la primacía de los enunciados de buenas intenciones sobre las reformas efectivamente conseguidas. En el primer caso, las hipótesis en que se asentó la, elaboración del escenario macroeconómico han quedado ampliamente desbordadas por una realidad notablemente más adversa que la existente al comienzo del pasado año, común a la generalidad de las economías europeas.

El crecirniento de la economía en torno a su tasa potencial -3,5%-, el de la formación bruta de capital fijo, la mejora de la competitividad de la economía española o la capacidad de creación de empleo de la misma son los supuestos en que se asentaron las proyecciones macroeconómicas que se presentaban compatibles con la satisfacción de las condiciones de convergencia nominal y -lo que es más importante- el logro de una. mayor convergencia real: la reducción de la brecha de prosperidad relativa frente a la media comunitaria. La pérdida de virtualidad de estas hipótesis no puede atribuirse en exclusiva al Gobierno. De hecho, todos los organismos internacionales y Gobiernos de otros países se han visto obligados a revisar sus previsiones.

Sin embargo, y a pesar de lo que digan algunos incompetentes aficionados de la oposición, más preocupados por minar las propuestas ajenas que por sugerir alternativas factibles, el diagnóstico que incorpora ese programa es esencialmente correcto, y mucho más la necesidad reconocida en el mismo de someter el sistema a las reformas que en el mismo se apuntan. Es en este ámbito en el que el propio presidente del Gobierno presta un flaco favor a esa estrategia de convergencia al afirmar que el plan está casi cumplido: su efecto no puede dejar de ser desmotivador para los agentes económicos cuya colaboración se solicita. Vale más reconocer las dificultades en la aplicación de algunas medidas o su aplazamiento que hacer creer que esto es todo lo que había que hacer.

La evidencia es que nuestra inflación sigue por encima de la de los principales países comunitarios, y que ello coexiste con una intensa desaceleración de la actividad, las limitaciones al funcionamiento de nuestros mercados, la presencia de regulaciones y prácticas contrarias a la competencia en numerosos sectores, la ineficiencia de la Administración, la existencia de organismos públicos cuya necesidad es cuestionada (es saludable ese paso dado por el Gobierno el pasado viernes al suprimir cuatro organismos autónomos y 175 unidades del Ministerio de Agricultura). Son obstáculos a la eficiencia del sistema cuya eliminación sigue siendo, como en el momento en que el programa se formuló, condición necesaria para que la economía española pueda aprovechar la próxima fase expansiva para asentar en bases sanas su supervivencia. en un contexto cada vez más competitivo. Y muchos de los puntos aún no cumplidos del plan de convergencia son competencia exclusiva del Gobierno, sin. que quepa responsabilizar a otros de su retraso.