Compras públicas y política industrial
El autor señala que en las economías modernas la demanda institucional desempeña un papel relevante en la orientación y las expectativas de la industria. Para optimizar ese impacto beneficioso, agrega, importa sobre todo la transparencia de las actuaciones públicas, su carácter predecible y su coordinación.
Hace unos días, el Gobierno francés -en cumplimiento de sus compromisos comunitarios- anunciaba un nuevo decreto para reformar los procedimientos de adjudicación de contratos por parte de las distintas administraciones del Estado (nacionales, regionales y locales) y de todas las instituciones y empresas públicas, con el fin de garantizar un proceso transparente y no discriminatorio en la adjudicación de compras públicas superiores a un valor de 700.000 francos, lo que supone en el caso francés, según Michel Sapin, un volumen de negocio del orden del 12% del PIB. Al anunciar la reforma, los responsables gubernamentales franceses recomendaban a sus empresas -y en justa reciprocidad cabe hacerlo con las españolas- denunciar a los otros Estados comunitarios que no respeten el principio de no discriminación en que se basa la normativa del mercado único. Ello no obsta para que el Gobierno frances promueva -a través de la Comisión Central de Mercados- el diálogo entre las entidades públicas que convocan los concursos y las empresas que aspiran a su adjudicación, "con el fin de facilitar una mejor y más eficaz definición de los proyectos".
Proceso de convergencia
A riesgo de resultar presuntuosos, hay que recordar que España se había adelantado -haciendo gala de lealtad con nuestros socios comunitarios, como corresponde, a la política europeísta seguida por el Gobierno-, aprobando en 1992 la nueva Ley de Contratos del Estado -que adapta nuestra legislación de compras públicas a la nueva política comunitaria sobre el mercado interior-, y de la Ley ole Industria, que pretende ser la culminación y la plena adaptación de nuestra política industrial a las pautas vigentes en la actualidad, no sólo en el seno ole la CE, sino en el conjunto de la OCDE. Hay que constatar a este respecto el considerable y rápido proceso de convergencia que se está produciendo en esta materia entre: las tres grandes áreas económicas (Europa, EE UU y Japón), consolidado tras la elección de Clinton y la adopción de una nueva política industrial norteamericana. Esta convergencia es un buen augurio para el mantenimiento de un sistema ole comercio internacional abierto, después de las dificultades que ha venido encontrando la Ronda Uruguay del GATT.
Y es que en las economías modernas, en las que el peso del sector público se encuentra en torno a la mitad del PIB, la demanda institucional desempeña un papel relevante en la orientación y las expectativas de la industria. A efectos de optimizar el impacto beneficioso de esta demanda, importa sobre todo la transparencia de las actuaciones públicas, su carácter predecible, la coordinación y, en suma, la creación de una cierta comunidad entre las administraciones públicas y la industria, que permita a ésta beneficiarse de su condición de suministradora de los grandes proyectos de modernización económica y, tecnológica mediante un diálogo que le otorgue ventajas de hecho en el diseño de sus políticas tecnológicas y de producto, siempre que tales preferencias no sean exclusivistas, resulten compatibles con las reglas que rigen el mercado global y que no supongan merma alguna del estímulo que supone la concurrencia para el progreso industrial, sino que, por el contrario, aprovechen las sinergias en beneficio mutuo de la producción y el desarrollo industrial y de la atención de las necesidades de los consumidores y del público.
En esta línea se pronuncia el artículo 3.6.b de la Ley de Industria española, que otorga un mandato de consulta por parte de otros departamentos ministeriales al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en materia de "planes y programas que impliquen la contratación de productos o servicios industriales que incidan significativamente sobre el volumen total de la demanda o sobre el desarrollo industrial o tecnológico", con el fin de facilitar tal coordinación en beneficio tanto de la industria como de los intereses públicos.
Esta coordinación viene desarrollándose en el área informática desde el año 1984 a través de la Comisión Interministerial para la Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos (CIAB-SI), que es el órgano técnico del Consejo Superior de Informática desde el que se coordinan a su vez los planes de modernización de la Administración en esta materia, que han desempeñado a lo largo del decenio un papel crucial de orientación anticipada hacia la industria -especialmente para la de servicios informáticos- de los grandes proyectos informáticos demandados por la Administración. La CIAB-SI, por su parte, además de facilitar la planificación, la compatibilidad y la integración de las redes de información entre las diferentes administraciones, presta asesoramiento a los distintos centros gestores comunalizando la experiencia adquirida por los demás. Al mismo tiempo elabora permanentemente y aplica un código de buenas prácticas y garantiza la máxima publicidad, transparencia y proyección a largo plazo en el diseño de proyectos informáticos para la Administración pública en la comunicación anticipada de los mismos a la industria y en los procesos de adjudicación. Éstos incluyen en sus criterios de valoración el esfuerzo industrial y las garantías de continuidad y de mejora tecnológica que ofrecen los concursantes, con lo que se vela paralelamente por la seguridad, la universalidad y la modernización continua de los servicios.
En el caso español, todo este proceso se desarrolla en un contexto en el que la mayoría de los suministradores en materia de hardware (soporte físico) se encuentran integrados en los grandes grupos multinacionales de equipos infórmáticos, por lo que la actuación de la CIAB-SI no sólo no ha significado nunca la aplicación de mecanismos proteccionistas de restricción de la competencia, sino que se trata más bien de un sistema transparente de ordenación, que proporciona ventajas mutuas para la Administración y para la industria.
Por otra parte, en 1992 también se ha modificado la Ley 31 / 1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones (por la Ley 32/ 1992, de 3 de diciembre), dándose nueva redacción al artículo 28.4 (segundo párrafo), que dice: "El PNT, en el proceso de desarrollo de sus programas de inversión, podrá establecer fórmulas de información recíproca y cooperación con las empresas industriales, los centros de investigación y las entidades exploradoras de los servicios, a fin de facilitar una mejor ejecución del plan y garantizar la correspondencia entre el nivel de la tecnología disponible en cada momento y las previsiones contenidas en el mismo". Adoptado ya el Plan Nacional de Telecomunicaciones, están pendientes de definición a lo largo de 1993 los mecanismos concretos por los que se llevará a cabo aquella coordinación entre nuestra principal operadora, Telefónica (que supone por sí sola el 80% del mercado), y la industria suministradora, que ha venido reclamando una planificación de la demanda a más largo plazo, pautas de actuación prefijadas y una mayor permeabilidad en la comunicación entre una y otra para que la industria pueda diseñar con antelación suficiente sus políticas de producto y de I + D, de lo que resultarán, sin duda, beneficios mutuos. Igualmente, se está reforzando la coordinación industrial en otros terrenos, como el control de tráfico aéreo o el de las comunicaciones vía satélite.
Coordinación
En esta misma línea de cumplimiento del mandato de coordinación de la demanda institucional recogido por la Ley de Industria -y con pleno respeto a la normativa comunitaria respecto a defensa de la competencia en materia de compras públicas-, se viene trabajando, en colaboración con los departamentos ministeriales competentes, en áreas tan diversas como la demanda de medicamentos y equipos para el sistema sanitario público (sector, este último, en el que ya ha surgido un grupo multinacional de primera línea mundial de titularidad privada española), el equipamiento de los sistemas de transportes civil y ferroviario, la inversión en infraestructuras medioambientales y la nueva capacidad instalada de generación de energía, esto último en el marco de Plan Energético Nacional.
Naturalmente, se trata de una coordinación que sólo resulta aconsejable y fructífera si producen sinergias capaces de generar un juego de suma positiva, ya que un simple juego de suma cero resultaría contraproducente para la propia industria. El caso del sistema eléctrico -como el de telecomunicaciones y el de otros servicios públicos- resulta paradigmático al respecto: si de la coordinación entre industria operadora y suministradora resultase menoscabo para la mejora de eficiencia productiva del sistema, se resentirían las posibilidades de reducción progresiva del coste de la energía eléctrica -como la práctica congelación de tarifas para usos industriales aprobada para 1993-, con lo que se dañaría la competitividad del conjunto del sector industrial.
Álvaro Espina es secretario de Estado de Industria.
