La reforma del mercado del alquiler es una necesidad para el 80% de la población, según el CIS

Antes de dar su visto bueno a la reforma de los arrendamientos urbanos, el Gobierno quiso saber la opinión de los ciudadanos para lo que encargó en septiembre pasado una encuesta al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con el borrador ya elaborado.La encuesta del CIS ha sondeado a cuatro colectivos en localidades de más de 10.000 habitantes: 1.200 cabezas de familia, 1.232 arrendatarios de viviendas, 800 arrendatarios de locales comerciales y distintos colectivos de arrendadores de viviendas y locales de antes y después de la entrada en vigor del decreto Boyer.

Una de las conclusiones más rotundas de la encuesta es que el 77% de los entrevistados cree "bastante necesaria" la reforma de la legislación vigente en materia de alquiler de vivienda. El porcentaje desciende hasta el 54% en el caso de los locales comerciales.

La necesidad de la reforma coincide con la idea, válida para 87 de cada 100 encuestados, de que "el alquiler de vivienda es un tema de mucha o bastante incidencia social". Dentro de ese porcentaje, el 60% va un paso más allá y considera que la oferta de alquiler es insuficiente.

Los inquilinos de viviendas temen, en un 21% de los casos, que la anunciada reforma de la ley les perjudique. Sobre la duración de los contratos, 43 de cada 100 personas que residen en viviendas arrendadas son partidarias de que la duración del contrato sea pactado libremente por las partes. La práctica totalidad (el 97%) considera que, durante la vigencia del contrato, debe poderse subrogar el cónyuge. En el 92% de los casos, la opinión es que la subrogación debe extenderse también a los hijos menores de 25 años. Sobre la actualización de las rentas antiguas, 41 de cada 100 son partidarios de la aproximación gradual de las condiciones, pero sin modificar el tiempo de contrato.

En el caso de los arrendatarios de locales comerciales, en la encuesta del CIS destacan las siguientes ideas: la mayoría (64%) son partidarios de que se modifique la ley, y sólo un 16% teme que la reforma les perjudique. Más de la mitad de los encuestados está de acuerdo con la fijación de un plazo de resolución para los contratos con prórroga forzosa (54%) y el 57% quiere que se mantenga el traspaso.