Polémica en Perú sobre la concesión de asilo a los 93 militares venezolanos que huyeron a Iquitos

La presencia en Perú de los 93 militares venezolanos que huyeron a Iquitos el sábado, tras fracasar su intento de golpe de Estado, ha suscitado en ese país andino una polémica sobre el derecho de asilo y su aplicación a quienes trataron de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez en Caracas. Mientras la cancillería de Lima admitía ayer que la petición de los rebeldes se encontraba en estudio, el presidente peruano, Alberto Fujimori, dijo desconocer que tan siquiera se hubiese presentado tal petición y que se estudiaba la situación legal de los militares huidos, cuya extradición quiere Venezuela.

El avión de la Fuerza Aérea de Venezuela utilizado por los militares rebeldes, un Hércules C130, fue devuelto ayer a Caracas por las autoridades peruanas. Los frustrados golpistas permanecían ayer en Iquitos, en la zona amazónica, albergados en un hotel turístico.El líder de los rebeldes, el general Efraín Francisco Visconti Osorio, declaró ayer que se encontraba a la espera de una resolución sobre su petición de asilo. Al ser interrogado sobre las motivos del levantamiento militar, el general Visconti declinó responder por considerar que, dada su solicitud de asilo, no podía hacer declaraciones políticas. No obstante, afirmó que eligieron como refugio Perú "porque es un país democrático que asume el espíritu de Simón Bolívar". Las proclamas de los sublevados en Caracas aireaban el espíritu bolivariano de su alzamiento. La institución del asilo político tiene, pues, su prueba de fuego en Perú, en función de la decisión que adopte el Gobierno de Alberto Fujimori respecto de si corresponde o no esta protección a militares en activo que se levantaron contra un régimen democrático.Las posiciones no son coincidentes. Según la doctrina colombiana, por ejemplo, los militares no pueden ampararse en el derecho de asilo, ya que tienen un fuero jurídico propio que les otorga ciertos privilegios. En cambio, el jurista peruano Javier Valle Riestra -que se ha visto forzado a asilarse en varias ocasiones- sostiene que ese derecho es indiscutible para los militares venezolanos de acuerdo con el pacto de San José que lo regula y que además la extradición es improcedente. "Los militares venezolanos no pueden ser entregados porque han cometido delitos Políticos. El caso sería diferente si estos oficiales, deliberadamente, hubieran bombardeado, por ejemplo, hospitales o poblaciones civiles", añadió Valle Riestra.Perú tiene que decidir ahora sobre dicha petición de asilo. Y esto precisamente en un momento en que el país está pendiente de la resolución de dos solicitudes de asilo que van en dirección contraria, ya que están relacionadas con la intentona golpista del 13 de noviembre pasado en Perú y una petición de extradición formulada por Lima en relación con el ex presidente peruano Alan García, actualmente en Colombia.El empresario peruano y propietario de una cadena de televisión, Julio Vera Gutiérrez, se encuentra actualmente en San José de Costa Rica esperando que se le conceda el estatuto de asilado político. Vera Gutiérrez fue varias veces relacionado con los sucesos del 13 de noviembre por el propio jefe del Estado peruano. Fujimori reveló que el empresario había proporcionado a los golpistas un vehículo blindado, una casa y material de comunicaciones.

Chile también ha entrado en escena al concederle asilo a Jorge Polack, otro de los civiles vinculados con el contragolpe peruano. Polack está refugiado, en la Embajada chilena.

De otro lado, el poder judicial de Perú ha declarado reo en rebeldía al ex presidente Alan García en el proceso que se le sigue por supuesto delito de enriquecimiento ¡lícito.

Fujimori, por su parte, parece haber demostrado cierta simpatía con la institución del asilo, por lo menos en su caso, pues el 13 de noviembre pasado, al tener conocimiento del intento de derrocarle, se refugió, por unas horas, en la residencia del embajador japonés.