El largo camino del veto

La utilización del derecho de veto por parte de Francia al acuerdo agrario entre la CE y Estados Unidos no es algo sencillo ni automático. En primer lugar, hay que recordar el carácter del pacto: un acuerdo, todavía sin valor jurídico, destinado a desbloquear la Ronda Uruguay y cerrar las negociaciones para liberalizar el comercio mundial en el marco del GATT.Cuando el proceso negociador de la Ronda haya terminado -a fin de año si el director general del GATT, Arthur Dunkel, consigue cumplir sus objetivos-, la Comisión Europea dispondrá de un acuerdo para refrendar, uno de cuyos capítulos será el agrario.

La Comisión ha recibido el mandato de negociar en el seno del GATT para llegar a "un acuerdo global, justo y equilibrado". El artículo 113 del Tratado de Roma regula el papel de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros en la política comercial común, de forma que la Comisión somete sus propuestas al Consejo, presenta recomendaciones y recibe autorizaciones para negociar y, finalmente, "dirige estas negociaciones". Las decisiones del Consejo sobre política comercial necesitan la mayoría cualificada. La minoría de bloqueo que necesita Francia para impedir que el acuerdo agrario se haga efectivo es de: 23 sobre 76 votos ponderados, a razón de 10 votos para Francia, Italia, Gran Bretaña y Alemania, 8 para España, 5 para, Bélgica, Grecia, Países Bajos y Portugal, 3 para Dinamarca e Irlanda, y 2 para Luxemburgo. La ponderación de voto impide que una coalición de países pequeños obstaculice una decisión, pero también obliga a que dos grandes busquen como mínimo a uno pequeño para construir una minoría de bloqueo. Francia, por ejemplo, tendría suficiente con España y Bélgica para paralizar el acuerdo. La mayoría cualificada es de 54 sobre 76.

Si Francia no encuentra apoyos suficientes para bloquear el acuerdo por mayoría cualificada, cuenta con dos caminos, teóricos como mínimo, para impedir el acuerdo final sobre el GATT. Puede apelar al artículo 149 del Tratado, que obliga a decidir por unanimidad cuando se trate de enmendar una propuesta de la Comisión. El acuerdo GATT puede tomar la forma final de una propuesta de la Comisión al Consejo, y Francia puede buscar la votación sobre una enmienda a una parte del acuerdo.

El otro camino es apelar al llamado Compromiso de Luxemburgo, tan esgrimido estos últimos días como instrumento de veto final de cualquier Estado a una decisión cualquiera que pueda afectar a sus intereses. El Compromiso, sin embargo, es más un arma guerrera que el instrumento para resolver una situación conflictiva. Firmado en enero de 1966, tras seis meses de abandono práctico de la Comunidad por parte de Francia -lo que el propio general De Gaulle llamó "política de la silla vacía"-, el Compromiso fue el texto del acuerdo que permitió a Francia regresar a las instituciones comunitarias. En él cada una de las dos partes enfrentadas explicaba su posición y se terminaba asegurando que ello no impedía la continuación del trabajo en la Comunidad.

El primer punto decía que cuando se trate de decisiones "de interés muy importante", en las que basta la mayoría, el Consejo intentará llegar a un acuerdo satisfactorio para todos en un plazo razonable. El segundo punto servía para que Francia exigiera la continuación de los debates hasta que se llegara a un acuerdo unánime. El tercer punto aseguraba que subsiste por tanto una divergencia sobre el procedimiento a seguir cuando "la conciliación no llega a buen fin". Y en el último se decía: "Esta divergencia no impide la reanudación, según el procedimiento normal, de los trabajos de la Comunidad".

Apelar a Luxemburgo, por tanto, no es acudir a un texto jurídico, sino a un acuerdo político que recoge interpretaciones divergentes y supone, en la práctica, que Francia se sitúa fuera de los procedimientos comunitarios, de nuevo "en la silla vacía".