El papel del empresario

La situación de la economía española y el ambiente que envuelve a nuestra sociedad en estos momentos se pueden calificar de depresivos. La mayoría de los indicadores económicos evidencian tendencias bajistas, y cuando éstas se comparan con la posición existente el año anterior, los resultados reflejan que el país ha empeorado. Es lógico, por tanto, que el estado de ánimo de la población refleje cierto desasosiego, sobre todo porque las predicciones de los entendidos trasladan la recuperación económica, en el mejor de los casos, a mediados de 1994.La primera reflexión debería centrarse en el cometido a desarrollar y el espacio que debería ocupar en nuestra sociedad actual la empresa privada. Si se conviene que el concepto del Estado del bienestar es un modelo social superado y si, como apunta Michel Porter, la mejor política de un gobierno que desee potenciar la competitividad del país debe basarse en reducir al máximo las barreras que impiden la libre competencia, la alternativa más inmediata es propiciar el protagonismo de la empresa privada, cualquiera que sea su dimensión. la condición de país comunitario que ostentamos puede condicionar nuestra libertad de elegir, pero, al margen de normativas, directrices y, presupuestos, es esencial, a mi juicio, fomentar el papel de la empresa privada como núcleo generador de empleo, desarrollo y bienestar social.

El marco en el que debe desarrollarse la actividad empresarial no puede ignorar la aportación del empresario en sus dos facetas más significativas: la asunción de riesgos y la creación de riqueza.

Y, por tanto, me parece imprescindible el reconocimiento de tal aportación, sin que ello pueda significar, por supuesto, que el empresariado pueda vivir de espaldas a los derechos y a las necesidades de quienes, aportando su trabajo, hacen posible el desarrollo de la actividad empresarial. La imagen demagógica y tendenciosa, que se ha utilizado en situaciones diversas, del empresario interesado únicamente en el engrandecimiento económico de su empresa y en su enriquecimiento personal, con comportamientos cicateros a la hora de reconocer la aportación del factor trabajo a los resultados de la empresa, habría que situarla en su justa dimensión. Y todo ello con independencia de que se le requiera el más estricto y riguroso cumplimiento de las disposiciones legales que enmarquen su actividad.

La oferta inesperada que acaba de realizar el Ministerio de Hacienda a los sindicatos y empresarios, para que de forma conjunta se hagan cargo de la gestión del desempleo, podrá merecer distintos juicios y calificativos, según sea la condición política y la manera de pensar de quien enjuicie, pero como decisión de administración de Estado, a mí me parece que guarda la adecuada coherencia con la problemática que el Gobierno tiene que abordar a propósito del desbordamiento del déficit público y la ineficacia de la gestión en determinadas áreas de la Administración pública. La responsabilidad, cuando se asume, sitúa a las personas en el plano de la realidad. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de que las fuerzas sindicales modifiquen sus criterios para acomodarlos a la evolución de la sociedad actual y al entorno socioeconómico en que la misma se desenvuelve. Planteamientos rigurosos que susciten el mantenimiento y creación de empleo; capacitación y formación cualificada de los recursos, humanos; mejora del entorno ecológico; posición de la empresa en el mercado; y ahora, gestión de los fondos del desempleo y prestaciones sociales, son áreas que deberían figurar a la cabeza de la lista de prioridades de quienes ostentan la representación social del estamento de trabajadores.

El factor competencia

En la medida en que el replanteamiento del papel del empresario y la revisión de la acción sindical se ajusten al escenario actual que va a reafirmarse en el futuro inmediato, esto es, mayor competencia dentro de la CE con la iniciación del mercado único y mayor implicación del país en los escenarios políticos internacionales, se hará más necesaria la conjunción de los intereses dentro del ámbito empresarial. Hay que tener en cuenta que el factor competencia no sólo afecta ya al empresario como tal, sino a la empresa, suma de capital y trabajo, con relación a las demás sociedades concurrentes, y que, por ello, su pervivencia se sustentará cada vez más en el nivel de productividad y capacidad de gestión que se genere dentro de la misma.

Conseguir un crecimiento armonioso y sostenido de la producción de un país que contribuya a generar riqueza y a mejorar el nivel de bienestar general, constituye, sin duda, el fin primordial de cualquier equipo de gobierno. La producción, en tanto que creación de bienes y servicios, es la base del desarrollo, pero si ésta no se modula adecuadamente, provocará desequilibrios macroeconómicos en el medio plazo entre ellos: inflación, pérdida de competitividad y déficit en la balanza de pagos. España, en buena medida, se ha visto inmersa en este cuadro, al que sólo cabe añadir que los años de bonanza y de buenas perspectivas de futuro incitaron a un consumismo excesivo sin reparar en que no se generaba ahorro. Ha sido ahora cuando la inestabilidad en los mercados internacionales ha puesto de manifiesto nuestras carencias. No parece que exista otro camino que el de incrementar la producción y generar ahorro, pero la consecución de ambas cosas a la vez es sumamente compleja. La producción hay que venderla en mercados, incluido el nuestro, en medio de una gran pugna con los competidores extranjeros; y el ahorro exige un cambio notable en el comportamiento social, al tiempo que precisa de tratamiento legal que lo propicie y lo recompense, por la vía de una menor fiscalidad sobre sus rendimientos.

De poco sirve producir sin tener en cuenta el nivel de competencia, porque el resultado es simplemente generar existencias para ser almacenadas. La competitividad de los productos españoles en los mercados del exterior ha venido cayendo en los últimos meses. Esta reducción, que ha !ido motivada esencialmente por unos costes laborales excesivos, costes financieros elevados, presión fiscal desproporcionada e insuficiente inversión en tecnología, hace que los productos españoles, en general y salvando casos concretos, difícilmente puedan competir internacionalmente. La superación de los elementos señalados precisan de políticas concretas, tanto en el área monetaria como fiscal y también de rentas, para que se estimule la producción y se genere un crecimiento constante.

Pero si el incremento de nuestra producción es una exigencia y, por otra parte, la obligada austeridad se asienta en nuestra sociedad, cabe plantearse por el destino de esta producción. Tratar de sustituir importaciones y relanzar la exportación sería un enfoque válido. Hay que insistir en una política nacional que apoye la penetración de nuestros productos en los mercados exteriores. El número de empresas españolas que hacen de la exportación una actividad normal es relativamente bajo. Al mismo tiempo, empresas españolas asentadas en el exterior, con organización propia o compartida, que les permita defender su cuota de mercado hay poquísimas. La exportación, en general, insisto, ha sido y todavía es una actividad puntual o cuyuntural para reducir un nivel de existencias excesivo, o bien una oportunidad para aprovechar la pujanza de un mercado determinado. Las sociedades que actúan así corren el riesgo de cometer un gran error estratégico. Esta es una asignatura pendiente para el país en su conjunto, pero en especial para el empresario español.

Paradoja empresarial

De poco van a servir las ferias y expotecnias que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo organice en México, Marruecos o Brasil. Tampoco va a remediar el problema que el Instituto de Comercio Exterior doble su presupuesto y que sus cuadros se esfuercen en promocionar productos y consorcios de exportación. Es la empresa, en última instancia, la que factura y vende, la que debe estar cerca de sus clientes, atendiendo a sus demandas y comprobando la correcta realización de las operaciones. Pero, sobre todo, vigilando la actuación de la competencia para responder con iniciativa, contundencia y prontitud para contrarrestar sus acciones. Aunque suene a paradoja, la compañía que no defiende su posición en el mercado nacional, mediante la presencia activa y permanente en los mercados internacionales, está condenada, más pronto o más tarde, a desaparecer.

El Plan de Convergencia, diseñado y presentado en su momento, fue contestado en muchas partes de su contenido, pero si todo él se hace pivotar sobre la empresa, la producción competitiva y una decidida acción sobre los mercados extranjeros, la situación general del país debería mejorar sensiblemente, y las posibilidades de que España se incorporase al grupo de países más sólidos de la CE serían muy elevadas. En todo caso, hace falta convencerse de ello, partiendo de la realidad actual por dura y compleja que ésta sea. La madurez de un país se mide en las ocasiones de dificultad, donde la convicción y la decisión a la hora de actuar constituyen la base fundamental del éxito.

es experto en comercio internacional.