Industria y Educación difieren sobre la política española a seguir en el CERN

Los ministerios de Educación y de Industria difieren en la estrategia a seguir en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), en Ginebra. España, que negocia con el CERN la instalación en territorio español del acelerador de partículas fábrica de taus, debe 6.800 millones de pesetas a ese organismo -parte de la cuota de 1991 y toda la de 1992- e Industria, responsable del pago, no tiene previsto abonar la cuota de 1993.

Industria es quien paga la participación española en el CERN pero ésta sigue las directrices de Educación, que nombra al delegado en el organismo. A pesar de las diferencias, fuentes de ambos ministerios coinciden en destacar la gravedad del incumplimiento por parte de España de este compromiso internacional, que pone en peligro la participación de las empresas españolas en el desarrollo industrial de alta tecnología asociado al CERN, y compromete la decisión sobre la fábrica de taus que se puede tomar el próximo 17 de diciembre en Ginebra.Un portavoz de Elías Fereres, secretario de Estado de Universidades e Investigación (ministerio de Educación y Ciencia), quiere dejar clara que el impago de la cuota es algo totalmente aparte de la negociación de la fábrica de taus: "No sabemos si va a influir o no negativamente, pero no vamos a retirar la oférta". Si el Consejo de los 19 países del CERN llegase a un acuerdo al respecto en diciembre, España decidiría la ubicación de la fábrica de taus, a la que aspiran cinco comunidades autónomas, con Andalucía y Cataluña a la cabeza por el volumen de sus ofertas económicas. Ese laboratorio para investigaciones en física de partículas, mucho más compacto que el que tiene el CERN en Ginebra (el LEP), costaría unos 20.000 millones de pesetas.

Otras prioridades

Fuentes del ministerio de Industria indican que el impago de las cuotas del CERN durante 1992 y 1993 se debe a la falta de fondos por otras prioridades del departamento, aunque tampoco niegan que entre bambalinas se está dando una batalla por cambiar las reglas de juego del organismo, ya que España estima que le perjudican.Este esfuerzo, que data de hace varios años y en el que participan también Portugal y Grecia, pretende conseguir que en el CERN se implante la política de justo retorno (por la cual se intentan repartir los contratos industriales del CERN a las empresas de cada país en proporción a su aportación económica). Una de las críticas de Industria es que el director general del CERN, el premio Nobel Carlo Rubbia, es un científico y no un gestor.

Algunos responsables de Industria creen que la cuota española- al CERN debería pagarla el ministerio de Educación y que es absurdo que los fondos procedan del prespuesto de Industria, cuando se trata dé un centro de investigación básica. España ingreso en el CERN en 1983 por un acuerdo internacional votado en el Parlamento. Desde 1987 a 1991, España aportó un 8% del presupuesto total del CERN y obtuvo un 0,9% de esa cantidad en contratos industriales.

Según Miguel Rodriguez Borra, responsable de la asociación ACICA, que reune a gran parte de las empresas españolas relacionadas con el CERN, el impago de las cuotas tiene un efecto muy preocupante. "Para la industria española que aspira a las altas tecnologías, es casi darle un tiro de gracia. Supone cerrarnos la entrada a tecnologías de vanguardia en un momento en que se nos esta cayendo la industria tradicional. Se bloquean nuestras ofertas y pobilidades de contratación en el CFRN".

Próximo proyecto

Actualmente, el CERN está en periodo de mantenimiento de su instalación más costosa, el LEP, a la espera de que reciba luz verde su próximo gran proyecto, el superacelerador LHC, para el que se firmarán nuevos grandes contratos con la industria europea.Varias empresas españolas están ya preparando prototipos y pretenden competir por los contratos del LHC dentro de pocos años con ayudas y préstamos del ministerio de Industria, explica Rodriguez Borra, quien comenta: "Ahora tenemos que devolver los préstamos y si no podemos aspirar a los contratos, nos hunden". Su estimación de los contratos españoles posibles para el LHC ronda los 15.000 millones de pesetas y destaca también la importancia de la fábrica de taus para la industria española, que podría encargarse de más del 80% esa instalación.