Dinamarca advierte que el Tratado de Unión Europea no saldrá adelante sin su apoyo

LLUÍS BASSETSLa intransigencia danesa marcó de forma decisiva la reunión que los ministros de Exteriores de la Comunidad Europea (CE) celebraron ayer en Bruselas para tratar de volver a poner en marcha la atascada maquinaria comunitaria. Uffe Elleman-Jensen, el canciller danés, expresó muy bien la distancia de su país frente al resto de los socios comunitarios: "Sin nuestro sí no hay Maastricht", subrayó, y pidió ante los periodistas -y no dentro del Consejo de Ministros- que la ratificación del tratado y el paquete Delors II dejen de ser una condición previa a la ampliación de la Comunidad Europea.

El ministro danés de Asuntos Exteriores precisó que Dinamarca no desea permanecer vinculada a las disposiciones del Tratado de Maastricht en lo que se refiere a la moneda única, la política exterior común y la política de inmigración.Esa propuesta danesa de seguir en la Comunidad con un estatuto especial reconocido jurídicamente recibió una pésima acogida en el Consejo de Ministros. Además afloró en el peor momento, tras la decisión del primer ministro británico, John Major, de aplazar la ratificación del Tratado de Maastricht por el Parlamento británico, cifrado por Londres en casi un año. El Tratado de Maastricht saldrá aprobado de los Comunes y de los Lores, según el nuevo calendario, en octubre de 1993. El ministro de Exteriores británico, Douglas Hurd, comentó escuetamente que "más vale un tratado tarde que ningún tratado".

Después de la reunión de ayer, Dinamarca se halla más le jos que nunca de sus otros 11 socios comunitarios. Tanto Dinamarca como el Reino Unido sin tieron aletear sobre sus cabezas la amenaza de la exclusión, que puede entenderse entre líneas en la valoración del ministro español, Javier Solana: "Tenemos que generar una dinámica de que 10 países van adelante y que esto facilitará las cosas incluso a quienes tienen más dificultades". Las pretensiones de Dinamarca, según declaró el ministro belga de Comercio Exterior, vuelven a crear en el seno de la Comunidad dos tipos de Estados miembros con obligaciones diferentes. De semejantes modificaciones al tratado se derivaría la necesidad de una nueva ratificación, cuando Bélgica ya ha ratificado el tratado y éste no puede ser sometido a un segundo proceso de aprobación parlamentaria.

Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Klaus Kinkel, manifestó que las excepciones legales propuestas serían contrarias al espíritu de Maastricht y por tanto inaceptables.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Doce no consiguieron ayer mover ni un centímetro ese carro metido en el fango en que se ha convertido la CE en los últimos meses. El Consejo de Ministros no obtuvo progresos en ninguno de los grandes temas que enturbian los horizontes de la CE.

Crítica española

España estuvo especialmente dura con la presidencia británica, sobre la que arrecian los reproches: no resuelve sus propios problemas (la ratificación de Maastricht por su Parlamento o la situación de la libra fuera del Sistema Monetario Europeo), y no resuelve los de todos (perspectivas financieras de 1993 a 1997).

Los Doce acordaron intensificar sus trabajos para evitar que se llegue a la cumbre de Birmingham, los días 11 y 12 de diciembre, con las manos vacías. Además del Consejo de Ministros de Exteriores y de Economía previsto para el 27 de noviembre, se decidió celebrar un nuevo Consejo de Exteriores el 8 de diciembre. Estas citas no disipan los temores que crecen en Bruselas de una cumbre estéril que lleve a la paralización total de la CE y a una nueva cumbre extraordinaria al cabo de dos meses.

El punto nodal son las perspectivas financieras o paquete Delors II, que dividen a los Doce entre quienes ponen mayor énfasis en la solidaridad y en la cohesión social y económica, y quienes se preocupan únicamente de la creación de un espacio comercial. España se sitúa en una posición radical en esta cuestión y no acepta como base de discusión ni el documento presentado por la presidencia británica ni la rectificación a la baja presentada por el presidente de la Comisión, Jacques Delors, a título personal.

La delegación española hizo una defensa cerrada del llamado paquete Delors II en su integridad, con un fondo de cohesión de 10.000 millones de ecus (1,4 billones de pesetas) repartido durante cinco años, y aseguró que ésta y no otra era la única base de discusión.

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