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El PP acusa al Gobierno de querer que las fundaciones sean "dirigistas"

Francesc Valls

Dirigista, burocrático, centralizador, fueron algunos de los calificativos que Miguel Ángel Cortés, diputado del Grupo Popular, dirigió ayer al proyecto de ley de mecenazgo elaborado por el Gobierno. Cortés fundamentó esas acusaciones en que el socialismo, a su juicio, todavía persigue algún viejo fin: controlar la sociedad. Al PSOE, sintetizó Cortés, le gustaría ver las fundaciones convertidas en la ONCE, es decir, dependientes de las subvenciones.Todas estas apreciaciones han llevado al PP a presentar un texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno. La enmienda a la totalidad, que el propio Cortés defenderá hoy ante el Pleno del Congreso, habla de la filantropía como "inclinación permanente de los hombres", pero reconoce que sin incentivos fiscales generosos ese altruismo mengua. Por ese motivo, el texto presentado por el Grupo Popular propone que las fundaciones destinen a la realización de los fines de interés general una cantidad no inferior al 2% anual del valor de los activos que integran el patrimonio de la entidad.

El proyecto de ley del Gobierno, en cambio, establece que el 80% de los ingresos de las rentas e ingresos de la fundación se destine a los fines que le son propios. Las fundaciones tampoco pueden ser titulares de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles.

"Es un proyecto en que el Ministerio de Economía muestra su interés recaudatorio", a juicio de Cortés. El texto del Gobierno empeora la situación respecto a la actual, según el diputado popular.

En el fondo del texto gubernamental subyace una concepción estatista, argumentó Cortés, frente al proyecto de corte liberal que sugiere el Grupo Popular: "Un planteamiento fiscal generoso y responsable". Para el PP, el PSOE muestra en este proyecto un temible viejo rostro -dirigista- en el artículo 29 del texto, cuando propone una deducción fiscal extraordinaria -del 20% de la inversión- para las actividades o programas que fije el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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