Justicia, propone al Gobierno ampliar para las mujeres, y los médicos la despenalización del aborto

La ampliación del aborto que propondrá hoy el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, al Gobierno, dentro del proyecto de nuevo Código Penal, extiende la despenalización a los médicos que practiquen una interrupción del embarazo a una mujer embarazada de menos de tres meses que, tras ser informada suficientemente y cumplir otros requisiteis, decida finalmente abortar. En cuanto a la difamación, se han introducido correcciones técnicas y terminológicas para "dejar más claro el delito", a salvo siempre de lo que decida el Gobierno, según fuentes de Justicia.

Aborto y difamación son las dos cuestiones que no han sido sometidas a la comisión de subsecretarios, que el pasado miércoles informó favorablemente el resto del anteproyecto de Código Penal, tras los retoques técnicos introducidos en el inicial borrador, a propuesta de los diferentes departamentos. La razón de esta exclusión es que Quadra-Salcedo desea someter directamente al resto de los ministros tanto la ampliación del aborto como la modificación de los delitos de opinión, por ser las dos cuestiones titular de Justicia considera más importantes y difíciles las regulaciones de la eutanasia o los delitos societarios.La omisión de las modificaciones sobre aborto y difamación en el texto conocido por los subsecretarios indujo a algunos medios a considerar que el Gobierno había renunciado a incluirlos en el futuro Código Penal y el propio presidente del PP, José María Aznar, preguntado ayer por los informadores, declaró que, de ser cierto, le parecía "correcto", aunque no quiso abundar en más comentarlos, informa Ángel Blanco."Seriedad de la decisión"

El mutismo mantenido en el entorno de Justicia respecto a las modificaciones concretas que hoy someterá el titular de este departamento a la consideración de sus compañeros de Gobierno no ha impedido a este periódico conocer que Quadra-Salcedo defenderá ante el Consejo de Ministros una ampliación del aborto que combine el sistema de plazos -interrupción del embarazo en los tres primeros meses de gestación- con algunos requisitos que permitan asegurar "la seriedad de la decisión de la mujer" y que, en todo caso, extiendan al médico la despenalización de su intervención. Entre tales requisitos figura el previo sometimiento de la mujer embarazada a unas obligadas consultas de asistencia y apoyo, a fin de apurar las posibilidades de solución del problema por vías distintas al aborto.

Estos y otros requisitos pretenden obtener el consenso de las fuerzas políticas conservadoras, que pueden orientar a través de tales consultas obligadas sus posiciones en favor de la supervivencia del feto. En cambio, las altas fuentes de Justicia antes citadas descartaron que se vaya a introducir la indicación socioeconómica y se mostraron "conscientes" de las presiones procedentes de los sectores feministas y de las propias mujeres del PSOE en favor de una ley de plazos "pura y dura", que se considera "socialmente innecesaria y jurídicamente problemática".

Planteado a tales fuentes su mayor preocupación por obtener un consenso parlamentario que por resolver un problema social, contestaron que no existe un gran problema social, como se deduce del escaso número de causas judiciales abiertas por aborto. Esgrimieron el informe realizado por el Gobierno el año pasado sobre la aplicación de la vigente despenalización parcial, según el cual el número de causas abiertas equivalía "a un 0,07% de los abortos legalmente realizados en España desde la vigencia [en 1985] del artículo 417 bis del Código Penal", así como que el número de abortos practicados a españolas en Inglaterra y Gales descendió de 22.002 en 1983 a 1.332 en 1989.

Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que el Consejo de Ministros estudiará hoy el futuro Código Penal para su remisión a las Cortes, aunque expresaron sus dudas sobre si dará tiempo a concluir su análisis e, incluso, sobre la conveniencia política o no de anunciar hoy el contenido de la ampliación del aborto y la regulación de la difamación, teniendo en cuenta la polémica que ambas cuestiones suscitan."Desprecio a la verdad"

Las altas fuentes de Justicia antes citadas insistieron en que se mantiene la regulación de los delitos de opinión, aunque se han tenido en cuenta algunas observaciones, como la del Consejo General del Poder Judicial, en favor de que se potencie la vía civil; que Quadra-Salcedo considera "no excluyente de la penal, a la que muchos ciudadanos prefieren acudir".

Justicia ha sido también sensible al criterio de que se penalice al periodista sólo en casos de "desprecio temerario de la verdad" y ha aceptado clarificar la inicial definición del precepto

En Justicia existía ayer conciencia de que algunos miembros del Gobierno prefieren eliminar toda referencia a la difamación y optaron por no anticipar su posición y remitirse a lo que decida el Consejo.