El Ejército colombiano abandona la operacion de búsqueda de Escobar
Los soldados que estuvieron buscando la pista del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que se fugó el miércoles del penal La Catedral junto a nueve de sus hombres, abandonaron ayer la zona montañosa en la que está ubicada la cárcel. El desmontaje de esta operación se inició al mediodía del viernes, casi a la misma hora en que el Gobierno aseguró que sólo aceptaba una entrega incondicional de los fugitivos.
A través de sus abogados y de una llamada de Roberto Escobar, hermano de Pablo, al gobernador de Antioquía, los prófugos hicieron saber al país que están dispuestos a entregarse y no quieren reanudar la narcoguerra. Pero exigen a cambio el cumplimiento de ocho condiciones, que el Gobierno ya rechazó.A pesar de esta negativa oficial, el gobernador de Antioquía, Juan Gómez Martínez, en conferencia de prensa dada el miércoles por la tarde, tras haber hablado en Bogotá con el ministro de Justicia sobre su charla con Escobar, se mostró optimista. Cree en la posibilidad de una salida que permita la entrega de los miembros del cartel.
Gómez Martínez fue alcalde de Medellín cuando empezó la narcoguerra y se hizo entonces el abanderado de la causa del diálogo. En la conferencia de prensa aclaró, sin embargo, que "diálogo no significa negociación".
Gómez Martínez no es tan pesimista como la mayoría de los colombianos, que hoy piensan que el Gobierno no puede ceder en lo más mínimo. Muchos se preguntan cómo recibiría la comunidad internacional un posible acuerdo si queda demostrado que Escobar ejercía un verdadero control en su propio penal. "La política del presidente Gaviria de someter a los traficantes a la justicia dio resultados, y los Gobiernos extranjeros la entendieron. Ahora estos mismos Gobiernos tendrán que comprender que estamos buscando otra solución para arreglar nuestro propio problema".
Gómez Martínez cree que son exageradas las peticiones hechas por los fugitivos para entregarse, pero está seguro que se puede llegar a un acercamiento. El gobernador sostuvo una larga charla telefónica con Roberto Escobar. Éste aseguró que su hermano no tenía intención de escapar. "Si nos hubiéramos quedado allá, nos hubieran matado", le había dicho Pablo.
El viernes también se conoció un comunicado de los 11 abogados que defienden a Escobar. Dicen que están amenazados. Denunciaron que, desde las operaciones militares en el penal, hombres armados que se desplazan en motos de alto cilindraje y en vehículos sin placas rondan por sus oficinas.
En una conversación con EL PAIS, uno de estos abogados, Salomón Lozano Cifuentes, negó que las acusaciones hechas a su cliente fueron probadas. "El fiscal general de la nación ha venido a decir que tiene pruebas de que Pablo Escobar delinquía desde la cárcel", recalca. "Pero ésa es la opinión personal del fiscal", prosigue. "Yo no conozco ningún sumario en el cual se haya probado que Escobar fue responsable de hechos delictivos cometidos en Medellín y en Antioquía. Sería muy bueno que todos conociéramos las pruebas que tiene el Gobierno".
"Pablo Escobar ha venido cumpliendo con lo prometido y es el Gobierno quien incumplió sus compromisos", prosigue. "A un detenido que se le traslada se le avisa, se le notifica a la familia y a los abogados. Si sabemos que Pablo Escobar es un preso sui generis, que su vida está amenazada, se entiende que es imposible que aceptara un aparente traslado, a altas horas de la noche, con un operativo como el que se montó, sin avisarle a nadie, sin dársele ninguna garantía para su vida. Sabemos además que el Gobierno norteamericano ha dicho que es perfectamente válido que cualquier ciudadano pueda ser secuestrado y llevado a este país".
