La Ley de Propiedad Intelectual beneficiará a las multinacionales de la imagen y el sonido

La nueva Ley de Propiedad Intelectual consagra en España el derecho de los autores a percibir un canon por las copias que hacen los particulares -los ciudadanos en sus casas en cintas de vídeo, o casetes vírgenes- de sus creaciones. Pero la gran quimera de este canon radica en que a ambos lados de la mesa hay sillas que ocupan interlocutores que pertenecen a la misma compañía: las multinacionales. Éstas pagarán los cánones de una tarta que luego se comerán otros de su misma compañía. Pese a ello, los representantes españoles de las multinacionales han anunciado que recurrirán la nueva norma.

Sony es propietaria de CBS, una de las mayores empresas discográficas del mundo; Philips participa en Polygram, otra de las grandes. El 91% del total de equipos de audio y el 84% de los de vídeo, así como las cintas y casetes vírgenes que se venden en España, son importados. Una parte de ellos -un 10% Sony, similar cuota del mercado español que Philips- pertenece a la mismas empresas multinacionales que fabrican aparatos. Esas grandes compañías producen también la música que suena en ellos. Por tanto, recibirán ingresos por derechos de autor gracias al nuevo canon.Con este canon, España se incorporará a comienzos de 1993 a los países más avanzados de Europa en materia de derechos de autor. El proceso ha sido laborioso, presidido en todo momento por la polémica, e incluso el enfrentamiento entre los creadores, que se convierten ahora en acreedores, y los fabricantes-importadores, que acaban siendo los deudores.

La cuenta en cuestión asciende a unos 7.000 millones de pesetas al año en concepto de canon por derechos de reproducción privada de fotocopias, audio y vídeo. Aparte queda por discutir, entre fabricantes-importadores y creadores, la cuantía de los atrasos por dicho canon, desde 1990 hasta hoy. Esta cantidad, así como la puesta en marcha de la ley modificada, será negociada entre las partes bajo el arbitrio del Ministerio de Cultura, que, si éstos no se ponen de acuerdo, nombrará un mediador que dictaminará en el plazo de tres meses, después del verano.

Los representantes españoles de las multinacionales siguen oponiéndose al canon, incluso han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la norma legal, pero parece que acabarán concediendo en España lo que sus delegaciones en otros países europeos: Alemania, Francia, etcétera, llevan practicando desde hace años y que, en porcentaje importante por su doble condición de fabricantes-importadores a la vez que productores musicales o también cinematográficos (como es el caso de Sony), pagan con una mano y luego reciben por la otra.

Pero en el mundo de las multinacionales, la mano izquierda no acostumbra a saber lo que hace la derecha, según afirma Carlos Grande, presidente la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (Afive). Grande, para disipar cualquier duda sobre conspiraciones de poderes multinacionales, asegura, a preguntas de este diario: "El propio director de Sony-equipos ha venido a verme para explicarme los problemas que les plantea la promulgación de la ley; estoy seguro que lo ha hecho sin contar con la división de producción musical, porque las distintas ramas de las grandes compañías actúan autónomamente".

Grande ilustra su tesis -funcional para analizar las cuentas de resultados de las distintas divisiones- con un ejemplo del ámbito cinematográfico: "CBS-Home Video y la CBS, que explota los filmes en las salas cinematográficas, no sólo no tienen nada que ver, sino que además compiten entre ellas".

Campaña publicitaria

De todas formas, en este debate también intervienen los consumidores, puesto que fábricantes-importadores han hecho correr la hipótesis -factible- de que será el público español quien acabe pagando este nuevo canon -que en las cintas vírgenes de vídeo y audio concentra la mayor parte de la tarta: de los 7.000 millones de pesetas que esperan recaudar las entidades de gestión de los creadores, cerca de 6.000 millones se estima que vengan de dichas cintas y casetes, a razón de 50 pesetas por hora de cinta, virgen (o sea, una subida de 150 pesetas para las cintas vídeo) y luna subida de 30 pesetas por hora para las de audio.

Las multinacionales no están dispuestas a que la entrada en vigor del canon suponga una pérdida económica para su división de aparatos y fabricación de cintas. Por ello, han desarrollado una intensa campaña publicitaria, en la que aseguran que los consumidores serán, en última instancia, quienes pagarán estos cánones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha asegurado en un comunicado que "la nueva ley va a instaurar una evidente injusticia al obligar a todos los usuarios, hagan copias o no, a pagar un canon".

Las sociedades de gestión de derechos de autor, en cambio, sostienen que en países donde el canon está ya establecido el precio de una casete virgen es igual o es más barato que en España, donde aún no se ha aplicado.