Un guarda jurado mata de un disparo en la espalda a un minero asturiano durante una asamblea laboral

Un minero de la empresa asturiana Hullasa murió en la mañana de ayer alcanzado en la espalda por un disparo de pistola realizado por un guarda jurado de la empresa, radicada en el municipio de Teverga, a 45 kilómetros de Oviedo. El suceso ocurrió al término de una tensa asamblea de trabajadores y durante un altercado en el exterior de la explotación, cuando los mineros trataban deretener a un directivo de la firma. Hullasa, con una plantilla de 450 trabajadores y propiedad de¡ empresario leonés Victorino Alonso, cesó hace tiempo en su actividad y se encuentra en proceso de cierre pactado.

El guarda autor del disparo, perteneciente a la plantilla de Hullasa, fue minero de esta misma explotación y, según varios compañeros, es amigo y vecino de la víctima. Un minero aseguró que el fallecido socorrió al guarda años atrás en un accidente laboral.El minero muerto, Manuel Isaac Álvarez García, de 37 años, casado y padre de dos hijos, falleció prácticamente en el acto, alcanzado en la zona escapular izquierda por el disparo realizado por el guarda jurado, Francisco Álvarez Álvarez. Según éste, que ayer prestó declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, el disparo se produjo accidentalmente, según informó un portavoz de la Delegación del Gobierno en Asturias. Trabajadores de Hullasa aseguraron en medio de una. gran tensión que el autor del disparo había estado exhibiendo su arma antes del fatal desenlace.

Fuerte tensión

El minero fue conducido urgentemente en un coche particular por sus propios compañeros desde Teverga hasta el Hospital Central. de Asturias, en Oviedo, donde nada pudo hacerse por su vida. Al fallecido se le apreció una herida de bala con orificio de entrada por la espalda. Un numeroso grupo de trabajadores de Hullasa se congregó en el centro hospitalario, donde permaneció hasta que se autorizó el traslado del cadáver.

El suceso se produjo pasadas las nueve de la mañana de ayer, al término de una asamblea de trabajadores en las instalaciones del pozo San Jerónimo, de la empresa Hullasa. La asamblea, que se desarrolló en medio de una fuerte tensión, había empezado tres horas antes.

Cuando concluía la reunión, un amplio grupo de mineros trató de instalar una barricada en la carretera para impedir la salida de un directivo de la empresa, el facultativo del pozo San Jerónimo, Francisco Mier. En ese momento, el guarda jurado, uno de los tres con que cuenta Hullasa en su plantilla, trató de mediar, originándose un incidente en el que sacó la pistola y realizó el disparo mortal, en circunstancias que ayer seguían pendientes de su definitiva clarificación.

En el tumulto siguiente, los mineros arrebataron el arma al guarda jurado, al que golpearon y causaron diversas magulladuras.

El autor del disparo hubo de ser rescatado por un hermano suyo, minero también en la misma explotación, y por los otros dos guardas, quienes le condujeron al cuartel de la Guardia Civil de la localidad. A primera hora de la tarde, las autoridades seguían sin conocer el paradero del arma causante de la muerte del trabajador.

Izquierda Unida de Asturias hizo público ayer un comunicado en el que exige la depuración de las responsabilidades a que haya lugar y en las que hayan podido incurrir tanto el autor del disparo como la empresa.

Mientras, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, declaró a la agencia Efe que la muerte de este trabajador "no es representativa de la situación social" que se vive en la comunidad autónoma. Rodríguez-Vigil, quien se enteró del fallecimiento del minero de Hullasa cuando participaba en un curso organizado por la Complutense en El Escorial, restó importancia al suceso y recalcó que el incidente es un hecho local "que no tiene mayor importancia".

Los trabajadores de Hullasa han venido realizando en los últimos tiempos sucesivas asambleas en demanda de que por la empresa le sean abonados los pagos e indemnizaciones pactadas hace siete meses y para que se materialicen los aspectos todavía pendientes del expediente de regulación en el que está en curso la empresa, y que afecta a un total de 200 trabajadores.

[El proyecto de Ley de Seguridad Privada, que establece un fuerte control sobre los vigilantes y la retirada de las armas a muchos de ellos, fue aprobado hace un mes por el Congreso. En la actualidad, el proyecto está pendiente del dictamen del Senado, cuya comisión de Interior rechazó ayer otorgar a los guardas la condición de agentes de la autoridad. El Ministerio del Interior pretende que la ley quede aprobada este mes de julio].