La incertidumbre, mal económico

TODO INDICA que el Gobierno habrá de tomar alguna decisión más que la de elevar las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta si, lo que pretende es atajar el impresionante desfase existente entre los ingresos y gastos del Estado -el déficit público- y, en general, el progresivo deterioro de la economía española, que se produce, además, en un contexto de clara debilidad de su ritmo de crecimiento.La información remitida esta semana por el Ministerio de Economía y Hacienda al Congreso no ha hecho sino confirmar la agudización de una tendencia, que se mostraba ya de fonna explícita en meses anteriores, calificada de preocupante por las propias autoridades económicas. Al término del pasado mes de mayo, el déficit de caja del Estado alcanzaba 1,097 billones de pesetas, un 55, 1 % superior al registrado en igual periodo del año anterior; la magnitud de ese desequilibrio equivale, prácticamente, a la previsión inicial para el conjunto de este año, sin que existan elementos que permitan vislumbrar una alteración significativa de esa tendencia en los meses que quedan; por el contrario, la contabilización de algunas partidas no incorporadas en esas cifras podría ampliar el desequilibrio. A las desviaciones en los gastos originadas por el aumento de las transferencias al Instituto Nacional de Empleo (Inem) y a la Seguridad Social se añade otra más intensa y significativa en los ingresos. Significativa por cuanto la disminución en la recaudación por impuestos directos, y en especial por el impuesto de sociedades (descenso de más del 40%), refleja la debilidad de las expectativas empresariales en el pasado año, cuyas constantes siguen vigentes en 1992.

Es hora, por tanto, de revisar en profundidad el conjunto de los capítulos de ingresos y gastos en las cuentas del Estado, como ha señalado el secretario de Hacienda, pero también de hacer lo propio con las circunstancias que posibilitan esos errores de cálculo y de método impropios de una Hacienda moderna. El reconocimiento de cuantos conceptos de gasto comprometido puedan afectar a las cuentas públicas debería constituir el punto de partida de las actuaciones destinadas a un proceso de saneamiento que, irremediablemente, exigirá más esfuerzos y sacrificios de los inicialmente previstos en la estrategia hacia la convergencia con Europa definida por el Gobierno.

Esa revisión, necesariamente, ha de afectar igualmente a algunas de las hipótesis fundamentales relativas al comportamiento de nuestra economía en que se fundamentaban tanto los Presupuestos como el programa de convergencia. Junto a las evidencias de un menor ritmo de actividád, de las que los recientes datos aportados por la encuesta de poblaci6 n activa (EPA) son sólo una muestra, y la persistencia de los desequilibrios básicos de la economía, las posibilida-des de apoyo financiero cifradas en los presupuestos comunitarios de cohesión parecen desvanecerse y, con ellas, una de las ideas que estimularon el entusiasmo por la incorporación de nuestro país al horizonte de la unión económica y monetaria de Europa.

A la incertidumbre que hoy se cierne sobre la continuidad de ese proceso de integración europea se añaden factores más específicamente domésticos -las dificultades de algunos grupos empresariales, el agotamiento de la legislatura, etcétera- que merman la confianza de los agentes económicos. Su recuperación exige, por tanto, algo más que ese propósito de enmienda anunciado por el secretario de Estado de Hacienda, ya que la peor fórmula para manejar la coyuntura es esa inseguridad.

El Gobierno, sobre la base de un diagnóstico real y no voluntarista de la situación, tiene la obligación de actuar rápidamente, ofreciendo las medidas necesarias para, en -primer lugar, desvanecer la incertidumbre y, a la vez, corregir los desequilibrios básicos. En definitiva, para situar de nuevo la economía en una senda de crecimiento estable que, independientemente de las vicisitudes por las que atraviese el proceso, de ratificación de los acuerdos alcanzados en Maastricht, redujera sus ya apreciables distancias respecto a esas economias con las que habrá de competir en un mercado definitivamente unificado a partir del próximo año.

Si, en general, para cumplir las exigencias que conlleva la estrategia de convergencia con Europa era aconsejable todo el respaldo posible a la misma, en las circunstancias actuales el Gobierno está forzado a posibilitar el mayor grado de acuerdo con las fuerzas sociales y empresariales, que, además de asumir los sacrificios que comportará el ajuste presupuestario, posibilite la definición de una política de rentas y la rápida y efectiva aplicación de ese capítulo de reformas estructurales hoy inédito. La sombra de la estabilización aparece de nuevo en la vida española.