García Candau considera que el PP intenta perjudicar a RTVE con filtraciones parciales

La batalla del Partido Popular por sentar a RTVE en el banquillo de los acusados registrará hoy un nuevo asalto con la petición en el Pleno del Congreso de los Diputados de que se constituya una comisión de investigación sobre el Ente Público. La prueba que esgrime el PP -una auditoría del ejercicio 1990-, que ha sido profusamente publicada estos días, despierta pocas inquietudes en la dirección del Ente. La auditoría, afirma a EL PAÍS Jordi García Candau, director general de RTVE, ha sido filtrada parcialmente, sin las alegaciones, y los errores detectados están siendo corregidos.

El conflicto entre el PP y RTVE se ha recrudecido en los últimos días con la filtración de una intervención delegada de Hacienda en el Ente correspondiente al ejercicio de 1990. Primero fue la decisión de los populares de abandonar la comisión de control parlamentario de RTVE; días después se retiraron de las sesiones del Consejo de Administración, y hace apenas una semana reclamaron una comisión de investigación parlamentaria del Ente Público. La falta de transparencia de Jordi García Candau, la manipulación informativa en favor del Gobierno y una gestión irregular y descontrolada, de la que se han beneficiado personas próximas al PSOE, son los argumentos sostenidos por el diputado del PP Javier Arenas, principal interlocutor del partido en su enfrentamiento con RTVE.Jordi García Candau considera que el PP ha traspasado el umbral de la crítica política para iniciar un ataque contra el grupo de empresas que representa RTVE, en el que a los intereses políticos se suman intereses comerciales. "El problema es que el PP está utilizando un documento económico como instrumento político", dice el director general. En el fondo de esta batalla, opina, está en juego la competitividad de Televisión Española, que sigue ocupando una posición líder en el mercado de la televisión, cada día más competitivo. Para el director general, algunas cadenas "sobrevivirían mejor si desapareciese Televisión Española".

La auditoria de 1990, en la que el PP apoya sus principales acusaciones, denuncia la existencia de un "descontrol del gasto, falta de planificación e ilegalidad presupuestaria del grupo RTVE".

Conductas dolosas

García Candau -que ocupa la dirección general desde febrero de 1990- considera que más allá de los diferentes criterios de valoración que pueden existir en una auditoría de gestión -RTVE es una grupo de empresas públicas que se rigen por el derecho privado-, las versiones de que han existido conductas dolosas son claramente difamatorias. "Operativamente puede que nuestra gestión sea mejorable, pero no consiento que se diga que algunas personas se han llevado dinero".En los procedimientos de contratación del gasto durante 1990, los de designación directa -adjudicación por la dirección general a propuesta de un miembro del comité de estrategias- sólo ha supuesto un 4,3% de los más de 13.000 millones contratados. El resto pasó por la comisión de contratación del Ente Público y más de un 75% fue el sistema de solicitud pública de ofertas. "No estamos sometidos a la Ley de Contratos del Estado y, por tanto, podríamos adjudicar directamente todo el gasto", apunta el director general.

El PP también ha orientado buena parte de sus críticas a la producción. En este capítulo, la auditoría subraya: "Desde el punto de vista de economía y eficiencia, la gestión de esta función sigue necesitada de organización, procedimientos y mecanismos de control". "¿Qué televisión del mundo saca a concurso público sus ideas de programas?", se pregunta el director general, que considera que "la auditora no ha tenido en cuenta que esto no es una fábrica de coches; aquí hacemos programas e infórmación".

En cuanto a la acusación de falta de transparencia, García Candau reconoce las tensas relaciones que existen en el Consejo de Administración con los representantes elegidos a propuesta del PP, a los que atribuye peticiones fuera de sus competencias. Así, señala que se le han llegado a solicitar los planes de estrategia comercial, como el plan de mercadotecnia, que es una una información confidencial cuya filtración podría ocasionar graves perjuicios a la empresa. Candau mantiene que la interpretación que de sus funciones hacen los consJeros del PP es equivocada, sin querer aceptar que su función tiene que ver con el control político y no con el empresarial.