Condenado un alcalde por utilizar fondos del PER para una obra particular
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta impuesta a Pablo Villar Muñoz, alcalde de Palomas (Badajoz) en 1980, por construir una pared divisoria en un solar de su propiedad pagando a los jornaleros que realizaron dicho trabajo, con fondos del empleo comunitario.
El alcalde de Palomas fue condenado por malversación de caudales públicos al suscribir un acuerdo particular, con la Cámara Agraria local en el que se comprometía a pagar la totalidad de los costes de la pared medianera.
Sin embargo, tanto la mano de obra empleada como las 72.600 pesetas que costó la obra procedían del Plan de Empleo Comunitario (PER).
El alcalde cogió fondos del PER para fines totalmente particulares, aunque la pared se construyera "con materiales aportados por el acusado", señala la sentencia del Supremo.
La sentencia también rechaza que la Audiencia de Badajoz cometiese un error en la valoración de las pruebas documentales aportadas por el procesado, ya que el tribunal de instancia basó la condena en las propias declaraciones del acusado, que en el juicio reconoció sustancialmente los hechos.
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