Detenidos tres funcionarios de la Xunta por conceder pensiones ilegales
La Guardia Civil de Lugo ha detenido en el último mes y medio a 21 personas, entre ellas tres funcionarios de la Xunta de Galicia y dos, concejales del PP en el Ayuntamiento de Baralla presuntamente implicadas en la concesión fraudulenta de pensiones de asistencia social. Los funcionarios están acusados de falsificar informes médicos y otros documentos para otorgar pensiones a personas que no tenían derecho a percibirlas, según el Gobierno Civil.
Por realizar estos trámites recibían supuestamente comisiones de entre 200.000 y 400.000 pesetas en cada caso. La Guardia Civil ha comprobado la existencia de al menos 55 expedientes irregulares, que suponen un fraude global de 15,8 millones de pesetas.Uno de los detenidos, Manuel Chousa Torrén. funcionario de la Delegación de la Consejería de Trabajo en Lugo, ingresó el pasado jueves en la cárcel de Bonxe por orden del juez, que decretó el secreto del sumario. El otro principal implicado, el jefe del servicio de prestaciones de la Delegación de Trabajo, Manuel Lamela Rodríguez, continuaba ayer a disposición judicial. Los dos funcionarios llegaron a otorgar pensiones a sus respectivas esposas, según el Gobierno Civil.
El resto de los detenidos, a los que se ha tomado declaración en el último mes y medio, están en libertad. Entre ellos se encuentra la asistente social de Trabajo María Leis Barcia, acusada de realizar informes que no se correspondían con la situación económica de los solicitantes de pensiones.
Como presuntos intermediarios de las operaciones han sido identificadas 11 personas, vecinos de Lugo y de los pequeños municipios de Baralla y Castroverde. Dos de ellos son concejales del Partido Popular en Baralla, José López Moreira, que tramitó seis expedientes, y Manuel Herbón Díaz, que medió en uno de los casos. Los otros siete detenidos son beneficiarios de las pensiones concedidas fraudulentamente.
El alcalde de Baralla, Manuel González Capón, también del PP, aseguró ayer que los concejales actuaron de forma particular.
El Gobierno gallego anuncié que ejercerá, la acusación particular si el proceso judicial sigue adelante.
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