Reconversión metodológica

HACE POCO más de cinco años, en enero de 1987, el ministro de Industria de entonces, Luis Carlos Croissier, y el también entonces miembro de la ejecutiva del PSOE José Luis Corcuera desautorizaban públicamente al secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, por anticipar las intenciones del Gobierno sobre una segunda reconversión industrial que afectaría a sectores como el siderúrgico y la minería, con pérdidas de puestos de trabajo no superiores a las calculadas recientemente por las autoridades económicas. Desde meses antes, la postura oficial era la de dar por concluido el proceso de reconversión, lo que no impedía reconocer al mismo tiempo "la necesidad de adaptar algunos sectores industriales no afectados por la ley de reconversión a las nuevas exigencias técnicas y productivas que se derivan de nuestra integración en la CE".Pues bien, esa voluntarista adaptación no sólo no se ha producido, sino que los sectores en cuestión han acentuado su desfase respecto a las exigencias competitivas del mercado comunitario, al tiempo que siguen drenando sumas importantes de recursos públicos y, en consecuencia, demandando soluciones no menos radicales, aunque sí más urgentes, que las ensayadas entonces. Tampoco las consiguientes tensiones sociales tienen mucho que envidiar a las originadas entonces. Difícilmente podría disponerse de evidencias más relevantes para ilustrar las consecuencias de esa suerte de empecinamiento en camuflar la verdadera naturaleza de los problemas y postergar sus soluciones; de ese intento por condicionar la racionalidad que ha de presidir la adopción de decisiones económicas trascendentales a particulares intereses políticos.

La forma en que se está abordando en estos días la necesaria reconversión de la siderurgia en el País Vasco parece marcar un significativo cambio, cuando menos en el método, en el tratamiento de estos problemas. La negociación entre los Gobiernos central y vasco sobre la base de encontrar una solución económicamente viable para el sector de la siderurgia integral y de los aceros especiales, a pesar de su evidente dificultad, ha acercado a ambos Ejecutivos en aspectos tan importantes como la financiación de la reconversión de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), calculada en más de 625.000 millones de pesetas, o el posible cierre de las plantas de Acenor en Llodio y Hernani. La disposición del Gobierno vasco a colaborar en la financiación del proceso de reconversión de ambas empresas, la introducción, en definitiva, del principio de corresponsabilidad entre ambos Ejecutivos, constituye un avance significativo susceptible de extensión al tratamiento de problemas similares en otras regiones.

La significación de esa convergencia no puede echarse en saco roto; esa cesión de protagonismo al Gobierno vasco por el ministro Aranzadi, aunque haya estado en gran medida determinada por la propia urgencia que requiere la solución de esos problemas y las propias limitaciones presupuestarias de la Administración central, constituye una actuación razonable. Como responsable ha sido la actitud de los políticos vascos al aceptar la propuesta de la Administración central de tomar una participación accionarial en las empresas que nazcan como consecuencia de la reconversión de Acenor y AHV. Esa apuesta de la Administración autónoma por dos sectores fundamentales de su economía exigirá un considerable esfuerzo presupuestario en los próximos años que los responsables vascos no han ocultado a sus ciudadanos.

Una experiencia que de culminarse satisfactoriamente podría constituir una referencia esencial para otros procesos de reconversión igualmente aplazados. Un método que, sin sacrificio de racionalidad, posibilite la existencia de un espacio para el diálogo entre esos poderes públicos y los afectados por las decisiones de reconversión.