El Gobierno reconoce un 'agujero' en el Inem de 430.000 millones de pesetas

El plan de convergencia analizado por el Consejo de Ministros cifra en 430.000 millones de pesetas el déficit del Instituto Nacional de Empleo (Inem) entre los años 1986 y 1992. De esta cantidad, 341.500 millones de pesetas corresponden al agujero del año 1991, que se cubrirá fundamentalemente por la vía de créditos extraordinarios en este año y el próximo. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, existen diferencias de criterio con el Inem sobre las cuantías y los plazos. El reconocimiento de esta deuda por parte del Gobierno supondrá una seria dificultad para conseguir la ambiciosa reducción del déficit público prevista en el plan de convergencia que se aprobará en las próximas semanas.

El Ministerio de Hacienda baraja una cifra "bastante inferior" a los 341.500 millones de pesetas a la hora de proponer a las Cortes la aprobación del crédito extraordinario que subsane el error de 1991. Para pagar una parte de esta cantidad, se echará mano de créditos del pasado año que no se utilizaron en diferentes ministerios. Son los llamados "remanentes" que se suelen incorporar de un presupuesto a otro. Esta vía es más rápida que la del crédito extraordinario ya que únicamente necesita la autorización del Ministerio de Economía. El crédito extraordinario, por el. contrario, ha de aprobarlo el Parlamento a propuesta del Consejo de Ministros.El pasado año, el Inem contó con un presupuesto de 1,58 billones de pesetas que proviene de las transferencias del Estado a través de la Seguridad Social y de los ingresos por cuotas. El problema es que la fuerte rotación en los puestos de trabajo por las contrataciones temporales y un aumento del paro superior al previsto ha provocado un mayor gasto del presupuestado.

El Inem no ha dejado de pagar el subsidio a los parados por lo que ha tenido que endeudarse para cubrir las insuficientes dotaciones presupuestarias. Ahora, el Estado tiene, a su vez, que saldar esta deuda con el Inem.

Los sindicatos presentes en el Consejo General del Inem, por su parte, señalaron con anterioridad que los presupuestos aprobados por el Instituto no eran suficientes para cubrir los objetivos de prestaciones por desempleo. La misma falta de realismo ha sido criticada por las centrales CC OO y UGT a la hora de aprobar los presupuestos de 1992. Según la dirigente de CC OO, Salce Elvira, "no se trata de un déficit sino de un presupuesto mal elaborado".

Nuevo déficit

De hecho, para 1992 se prevé un nuevo déficit en la protección por desempleo, según reconoció días atrás en el Congreso el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Martínez Noval. El ministro informó que el déficit acumulado por este concepto se situó entre los años 1986 a 1989 en 16.000 millones de pesetas. Un año después, los números rojos sumaron 100.200 millones de pesetas y en 1991, el déficit referido exclusivamente al sistema de protección por desempleo ascendió a 313.200 millones. Martínez Noval, sin embargo, no concretó la cuantía de la desviación prevista para este año, tan sólo avanzó que las nóminas pagadas a los parados por el Inem en los dos primeros meses del año, fueron un 15% superiores a las del mismo periodo del año anterior.

Respecto de 1992, Hacienda prevé compensar el déficit con ampliaciones de crédito ya que es una deuda, del ejercicio en curso y ésta es una vía también más automática que la del crédito extraordinario. El presupuesto del Estado para 1992 y 1993 nace así con el peso de una carga del pasado. Ello supondrá dificultades para alcanzar los serveros objetivos de reducción del déficit público, marcados en el plan de convergencia analizado por el Gobierno. Los objetivos son más ambiciosos que los marcados por la Comunidad Europea en los acuerdos de Maastricht.

Por otra parte, el subgobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, aseguró ayer, en la clausura de unas conferencias sobre La nueva Europa, ideas y opciones españolas, que "el problema básico de la convergencia es el ajuste fiscal". En opinión del subgobernador, informa Pilar Marcos, ese ajuste fiscal "es difícil, dificilísimo, pero no imposible". Conseguirlo depende, a su juicio, de que "todo el mundo quiera; que lo quiera el Gobierno, las autoridades autonómicas y locales, y lo quiera también la sociedad española".

Luis Ángel Rojo justificó la importancia de la política fiscal para lograr la convergencia con los países más desarrollados de Europa en "la menor autonomía de la política monetaria". El subgobernador explicó que, si ya antes de Maastricht el sistema monetario europeo (SME) era "una zona de influencia del marco alemán", con la liberalización de capitales y el creciente movimiento de éstos "la política monetaria queda sólo para vigilar el mantenimiento del tipo de cambio dentro del SME".

La pérdida de eficacia de la política monetaria para contener la inflación en una zona de libre movilidad de capitales obliga -dijo- a poner todo el acento en la política fiscal.