'La pena de muerte es un arma para defendernos de EE UU"

El ministro de justicia cubano, Carlos Amat Forés, aseguraba pocas horas antes de que, el pasado miércoles, cayeran bajo las balas del pelotón de fusilamiento los dos condenados por el asesinato de cuatro policías: "La pena de muerte es un arma para defendernos de Estados Unidos". A sus 61 años, cree que "ante el incremento del ataque hay que incrementar la defensa". Nacido en Banes, como el dictador Fulgencio Batista, fue desde su adolescencia un militante revolucionario.

Carlos Amat, graduado en derecho, participó en la lucha clandestina y escribió la primera proclama contra el golpe de Estado de Batista del 10 de marzo de 1952, origen del movimiento, primero nacionalista y luego guerrillero, que siete años más tarde llevó a Fidel Castro al poder. Cuando triunfó la revolución participó como fiscal en varios tribunales revolucionarios, cosa que no oculta.

Pregunta. Tras varios años sin aplicar la pena de muerte por delitos políticos, Cuba ha vuelto nuevamente a fusilar en 1992. ¿Es que acaso la revolución cubana le teme a algo?

Respuesta. La pena de muerte en nuestra legislación está considerada como de carácter excepcional. El Código Penal mantiene esta sanción para algunos delitos comunes -el asesinato, la violación y la pederastia con violencia- y para los políticos, pero en ambos casos nuestros tribunales han tratado de manejarla con la mayor discreción posible, aplicándola sólo en aquellos casos que, por su significación social, se requiere realmente. No hemos eliminado la pena de muerte porque, para nosotros, es un arma de defensa frente a un enemigo que no ha perdido oportunidad de agredirnos. Si han sido capaces de mandar asesinos a quemar, a hacer sabotajes, a dañar nuestra economía, a matar alfabetizadores, nosotros necesitamos tener un mecanismo de defensa superior, y, en este caso, la pena de muerte es ese mecanismo. Ante el incremento del ataque, nosotros incrementamos la defensa.

P. En el caso de Eduardo Díaz Betancourt, mucha gente piensa que la reacción fue demasiado ejemplarizante, desmedida...

R. Esta persona venía con explosivos, con armas, con planes... ¿Qué teníamos nosotros que esperar? ¿Que hubiese muertos cubanos, víctimas cubanas, efectos de catástrofe para actuar entonces?

Sin que tiemble la mano

P. ¿Cuba está dispuesta a seguir fusilando si la situación se agrava más?

R. La pena de muerte responde a la situación concreta de cada hecho. En aquellos casos en que haya que recurrir a la medida por su carácter ejemplarizante o por las consecuencias sociales que pueda tener, no nos temblarán las piernas ni las manos. Lo haremos. Pero, por gusto, no. Aquí nadie tiene el interés de producir penas de muerte al por mayor, aunque en las condiciones que lo requieran se aplicará. Cuando la situación internacional sea menos tensa y cesen las agresiones contra Cuba, nuestros tribunales pueden manejar esta pena con habilidad y visión política.

P. ¿En 1992, cuál será la frontera que no podrán cruzar los disidentes, aun los que se oponen de forma pacífica al régimen socialista?

R. Pienso que la frontera estará marcada por la propia ley. Mientras ellos puedan conducir su pensamiento dentro del marco legal, no tendrán dificultad. El día que rebasen ese marco para convertirse en promotores de una rebelión, de una acción que pretenda derrocar al Gobierno por otras vías, pues también se les aplicará la ley. En Cuba nunca ha habido cortapisas para que alguien exprese sus criterios. Lo que pasa es que muchas veces se llega a un enfrentamiento ideológico, porque estas personas lo que quieren es un paso atrás, que en Cuba ocurra lo mismo que en la Europa del Este y, en este punto, no ya con la justicia, topan con el pueblo.

P. Precisamente sobre esto, como ministro de Justicia, ¿no cree que los actos de repudio, en los que el pueblo se erige en juez absoluto, entran en contradicción con la justicia formal que usted representa?

R. En ningún acto de repudio se ha linchado a nadie, ni se ha arrastrado a nadie.

P. Hablando de María Elena Cruz Varela, ¿por qué se la condenó a dos años de cárcel, si ella no hizo más que otros disidentes que hoy están en la calle?

R. No conozco específicamente el caso, pero esta señora venía desplegando una actividad que violaba la ley. Quizá ella fue alertada previamente o estaba muy activa. El hecho es que el tribunal valoró sus actos y las pruebas presentadas por el fiscal, y el fallo fue tomado legalmente.

P. La Iglesia ha rechazado el ingreso de sus fieles en el partido comunista y se ha opuesto al Gobierno. ¿A partir de dónde serán perseguidas estas actuaciones?

R. Tenemos una serie de conductas penales que son recogidas por el Código Penal, y el que infringe esa ley comete un delito. Entendemos que la religión tiene el reino de Dios bien definido y que, si alguien dejase atrás el, papel de la religión para entrar en un terreno conspirativo, entonces se tomarían las medidas oportunas. A veces se han pedido expulsiones de sacerdotes extranjeros; otras veces, quizá, se tenga que ir a los tribunales.

P. Nuevamente en estos días, en Ginebra se acusa a Cuba de violar los derechos humanos.

R. Los derechos humanos están respaldados por lo que la revolución ha podido dar al pueblo. Los tenemos garantizados en más salud para el pueblo, más educación, más cultura... Son reales, tangibles, palpables. En cambio, en muchos lugares del mundo están en las leyes, pero luego son papel mojado.

P. ¿Es posible la restauración de los tribunales revolucionarios?

R. Sólo sería imaginable en caso de invasión o peligro inminente de guerra, pero no ahora.