66 organizaciones ecologistas, contra las inversiones de los fondos de la CE

Sesenta y seis organizaciones ecologistas europeas se han unido para denunciar el empleo de fondos económicos de la CE en proyectos que en muchos casos atentan contra la naturaleza y vulneran la legislación comunitaria sobre medio ambiente. La campaña fue presentada ayer simultáneamente en siete capitales europeas, coincidiendo con el inicio de las reuniones de los ministros de Economía y Hacienda de la CE para plantear la reforma de los reglamentos que rigen estas inversiones. España, como uno de los principales beneficiarios de los casi dos billones de pesetas anuales de los fondos estructurales, es uno de los países con mayor número de proyectos criticados.Tony Long, director de la Oficina Internacional del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) en Bruselas, ha declarado como prólogo a la protesta: "Está claro que son necesarios controles más precisos para asegurar que el dinero comunitario no sea usado en perjuicio del medio ambiente".

Las denuncias se refieren a los fondos estructurales de la CE (FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional; FSE, Fondo Social Europeo; y FEOGA, Fondo de Orientación y Garantía Agrícola) destinados al desarrollo económico en las regiones más desfavorecidas de la CE. A ellos se unirá en 1993 el nuevo Fondo de Cohesión Económica y Social aprobado en Maastricht.

Las organizaciones ecologistas españolas aportaron ayer casos concretos a la campaña. La Sociedad Española de Ornitología (SEO) ha estudiado especialmente el poco rigor en la puesta en marcha de proyectos de regadío; entre ellos, hace hincapié en el plan para las zonas esteparias de los Monegros, un área clasificada como de importancia internacional para las aves. La Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adena) ha centrado sus investigaciones en Castilla-La Mancha para demostrar las consecuencias de la ampliación de carreteras, el trazado del tren de alta velocidad, la construcción masiva de presas y embalses, los regadíos, la reforestación y la promoción turística, planes todos ellos apoyados por la Comunidad Europea y que, según Adena, no van precedidos de un estudio de impacto ambiental.