Justicia amplía los delitos económicos como la estafa y el fraude a los acreedores

La ampliación del delito de estafa, la redefinición de las infracciones penales relacionadas con el fraude a los acreedores y la reforma de otros delitos económicos son algunas de las novedades del futuro Código Penal, cuyo anteproyecto examinará hoy el Gobierno.

El anteproyecto dedica un amplio espacio a los delitos económicos, dada su "creciente importancia en la sociedad moderna", según se explica en la exposición de motivos. En cambio, por considerarlo ya caduco, se suprime del nuevo Código Penal el vigente delito de usura, que se sustituye por la penalización de los créditos y negocios abusivos.En el castigo de la estafa se introduce un delito específico, consistente en la no devolución de cantidades recibidas indebidamente por error del transmitente. Cometerán tal delito quienes no reintegren los importes incorrectamente obtenidos de cajeros automáticos o como consecuencia de apuntes erróneos en una cuenta corriente.

Las nuevas formas de fraude a los acreedores han llevado a los redactores del anteproyecto de Código Penal a redefinir algunos delitos, como los que se relacionan con la declaración de quiebra, concurso o suspensión de pagos. En todos ellos, se penaliza directamente la fraudulencia al conectarla con "la insolvencia dolosamente [con intención] causada o agravada por el autor en perjuicio de los acreedores", sin necesidad de remitirse al ámbito civil, como ocurre en el Código Penal vigente. Otros nuevos delitos económicos son los relativos a subastas públicas de bienes, como cuando éstas se quiebran fraudulentamente.

El anteproyecto de Código Penal será examinado hoy por el Consejo de Ministros, antes de que el Ministerio de Justicia lo remita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su informe. Una vez que Justicia conozca el criterio del CGPJ, realizará en el anteproyecto los retoques que considere necesarios y lo llevará de nuevo al Consejo de Ministros, para su remisión a las Cortes Generales.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Justicia atribuyó la inexactitud de las informaciones hasta ahora publicadas sobre el contenido del Código Penal a que las fuentes manejaron textos anteriores, distintos al definitivo.