Griñán, a favor de contratar con las clínicas privadas la práctica de abortos

José Antonio Griñán, ministro de Sanidad y Consumo, dijo ayer que los abortos voluntarios deben hacerse en clínicas privadas, con el objetivo de garantizar la comodidad e intimidad de las pacientes. Griñán no quiso hacer ninguna valoración de la ampliación de la despenalización que prevé el anteproyecto del Código Penal. El ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra-Salcedo, presenta hoy en Consejo de Ministros esta propuesta.

José Antonio Griñán, afirmó ayer que las interrupciones voluntarias de embarazo que tengan riesgo mínimo "deben contratarse con clínicas privadas". "El acto del aborto es uno de los más traumáticos que puede sufrir el ser humano, y tiene que realizarse en un ambiente lo más acogedor posible. Por eso creo que se hacen mejor en clínicas pequeñas, donde la confidencialidad y la intimidad están garantizadas", afirmó el ministro de Sanidad.El ministro no quiso pronunciarse sobre la ampliación de la despenalización del aborto recogida en el anteproyecto de nuevo Código Penal, que será presentado hoy por el titular del Ministerio de Justicia en el Consejo de Ministros. Griñán se ciñó en sus declaraciones estrictamente a su marco de competencia. "Lo que es prestación sanitaria se tiene que hacer con plenas garantías para la mujer", dijo.

La ampliación propuesta por Justicia contempla como posible causa de aborto los motivos sociales que incidan en la salud física o psíquica de la madre. Preguntado sobre la posibilidad de que las interrupciones por peligro para la salud de la embarazada y por malformación del feto sean cubiertas económicamente por Sanidad, quedando los abortos sociales bajo el amparo del Ministerio de Asuntos Sociales, Griñán se limitó a contestar: "Eso aún no lo sé".

Griñán matizó posteriormente que a la hora de firmar esos conciertos habrá que evaluar lo que es sanitario y lo que no lo es. "Este departamento se ocupa del riesgo sanitariamente evaluable", concluyó. La normativa en vigor sobre el aborto contempla la despenalización en caso de grave riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo a causa de una violación.

El ministerio no ha realizado una evaluación de costes de esa prestación, pero partiendo de los 37.230 abortos oficialmente reconocidos en 1990 por Sanidad, el Insalud tendría que dedicar a esa prestación más de 2.200 millones de pesetas.

El 98% de esas interrupciones de embarazo se realizaron en clínicas privadas, siendo abonadas directamente por la mujer. Sólo un reducido número de abortos se practican en centros públicos, ante la mayoritaria objeción de conciencia del personal de los hospitales del Insalud y comunidades autónomas. Este último porcentaje recoge los llamados abortos de alto riesgo por la situación física de la madre o porque se trate de gestaciones muy avanzadas.

Por otra parte, un total de 24 organizaciones profesionales y asociaciones de mujeres enviaron ayer una carta al ministro de Justicia expresando su "estupor, insatisfacción y desconcierto", ante las noticias sobre supuestas modificaciones en el Código Penal a la despenalización parcial del aborto.

Las organizaciones firmantes consideran que "la única vía de solución" a los problemas que puede plantear la práctica de la interrupción legal del embarazo, "pasa por la urgente elaboración de una ley que regule el aborto como un derecho de las mujeres y por la supresión del articulo 417 (penalizador del aborto) del Código Penal".