Un PEN alternativo

El Plan Energético Nacional (PEN), que sustituirá al implantado en 1983, fue presentado a finales de año al Parlamento para su debate. Los autores, desde otra perspectiva, critican el plan elaborado por el Ministerio de Industria y proponen medidas alternativas, en las que principalmente destaca la referencia ecológica, el ahorro energético y la potenciación de las energías renovables.

La primera impresión crítica que suscita el Plan Energético Nacional (PEN) presentado por el Ministerio de Industria al Parlamento es la obsoleta metodología con que está hecho. Aunque incluye un pequeño apartado de ahorro, el plan estaba diseñado desde la óptica de la oferta energética. Esta filosofía ignora que ahorrar energía resulta casi siempre mucho más barato que producirla -por término medio y dentro de amplios márgenes, hasta seis veces más-, y que, por tanto, lo razonable es gestionar la demanda en lugar de incrementar sin más la oferta.Los elevados riesgos financieros ligados a inversiones energéticas, especialmente eléctricas, los largos periodos de maduración de las mismas y la difícil situación económica de un sector como el eléctrico deberían haber decantado al ministerio por la planificación a menor coste, que ya está generalizada.

Otra característica del plan es su optimismo sobre la evolución futura, de los precios internacionales del petróleo, y, por extensión, de la energía. Por el contrario, no cabe descartar la repetición de crisis como las de 1973,o 1979, e incluso más agudas. El agotamiento de los pozos norteamericarios y del mar del Norte, que muchos expertos anuncian para dentro de ocho a 15 años y que dejaría a la OCDE dependiendo de otros países; la evolución de la ex URSS -cuyos recursos, por lo demás, también se agotaran en fecha no lejana-; la creciente dependencia mundial de una zona tan inestable como el golfo Arábigo, cuando menos, invitan a la duda.

Coherentemente con la idea de que la energía será barata durante todo el decenio. se piensa. que ahorrar carece de sentido y se diseña un plan de ahorro y eficiencia lamentable. No es sólo que los objetivos sean ridículos (prevé reducir un 7,6% el consumo tendencial del 2000), es que, además, las estrategias y medidas, diseñadas no garantizan el logro de los mismos y existen serios temores de que los fondos necesarios para implantarlas no aparezcan por ningún sitio. El recorte de los presupuestos del Ministerio de Industria, que ha afectado seriamente a los programas de ahorro, es una muestra de lo que señalamos.

Hay que señalar en este punto un olvido injustificado. Es la obligación de etiquetado energético, por lo que un usuario que al adquirir una casa o un electrodoméstico quisiera conocer sus condiciones de consumo, no tendría posibilidad de hacerlo.

Precios y ahorros

La política de precios energéticos perfilada en el plan ha sido tildada de intervencionista, por ciertos sectores de la derecha económica, Se trata, a nuestro juicio, de un velo ideológico que pretende ocultar otros problemas. No se puede dejar de intervenir en un mercado que, como el eléctrico, constituye un monopolio natural donde los usuarios no pueden elegir la compañía que les suministra, no pueden alterar los precios y donde las empresas tienen asegurada, por el marco estable, la retribución por los costes e inversiones.

Por el contrario, se eluden medidas sencillas que hubieran generado ahorros importantes, como la modificación de la estructura de tarifas para usuarios domésticos con reducción o eliminación de partidas no asociadas a consumos -término de potencia-, o vincular las tarifas subvencionadas para grandes sectores industriales, con participación notable en el consumó total, a mejoras de la eficiencia en su uso. Se renuncia, además, a la utilización de impuestos para orientar el consumo.

Con carácter general, la filosofía de los precios apunta a transmitir a los usuarios finales las variaciones de los mercados energéticos internacionales. Son excepciones los precios de algunos carbones por razones sociales y de autonomía energética, y las tarifas eléctricas que convierten a los usuarios en responsables de los errores de planificación de las compañías productoras, gracias a la comprensión que exhibe el Gobierno.

Por eso mismo, resulta especialmente sorprendente la nueva potencia energética prevista en el PEN. El problema radicaba en los máximos anormalmente altos que presentaban las curvas de carga y que obligan a disponer de mucha potencia adicional con escaso uso. Lejos de intentar suavizar estos máximos, el plan prevé una evolución imparable al alza, se contradice al estimar las eficacias de mecanismos sencillos de corrección como la interrumpibilidad y sitúa un margen de seguridad de abastecimiento que posiblemente sea récord del mundo. Baste con señalar que, aun dando por buena la potencia máxima prevista en el PEN para el 2000 (35.674 megavatios), con un margen de seguridad del 20% -similar a la media comunitaria- no sería necesario incorporar más potencia. Por el contrario, se prevé instalar 8.400 megavatios adicionales de potencia, incluyendo 1.000 de importación de Francia. Las eléctricas, con el consentimiento del Gobierno, opera con una alegría inversora impropia de un sector endeuda do que sólo se entiende aceptan do que actúa en beneficio de terceros -que obtienen beneficios de la construcción de nuevas plantas-, y sabiendo que, en cualquier caso, los usuarios pagaremos sus errores.

El nuevo PEN es el primero que evalúa las consecuencias ambientales de la producción y uso de la energía para reconocer que el impacto será tremendo. Lo que se cuida mucho de reconocer el Gobierno es que en las negociaciones entre países para fijar estos objetivos se ha alineado siempre con las posiciones más conservadoras, contribuyendo a rebajar estos objetivos y obte niendo, en bastantes casos, un trato de favor a causa de su menor desarrolro económico. Como en ocasiones han manifestado con una claridad que no deja de sorprender, el Gobierno está dispuesto a sacrificar el medio ambiente en aras del desarrollo.

Un buen ejemplo de lo dicho se da en las emisiones de dióxido de carbono (CO2), gas responsable de aproximadamente la mitad del efecto invernadero. El Gobierno cita el compromiso comunitario de mantener en el 2000 las emisiones de este gas a los niveles de 1990, para continuar arguyendo que los países con mayores emisiones per cápita están obligados a reducirlas, mientras que en nuestro caso se podrían aumentar. El incremento real estimado es de un 25%, pero podría duplicarse el aumento hasta alcanzar la media comunitaria. Todo es cierto, aunque podría abordarse el problema desde otro ángulo. La media mundial de emisiones de carbono es de una tonelada por persona y año, mientras que en nuestro país casi alcanza 1,5 toneladas. En 1987, los represeatantes del Gobierno en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) consideraron imprescindible reducir las emisiones mundiales totales en un 20% para el año 2005 si se quieren mantener las alteraciones ambientales previstas dentro de límites tolerables. Aplicando a todo el mundo la lógica que el Gobierno circunscribe a la CE, a nuestro país te tocaría reducir sus emisiones en cerca del 39%.

Por lo que se refiere a las centrales nucleares, el Gobierno plantea mantener la moratoria de las que están en construcción, pero también tiene previsto mantener todas las que funcionan alargando su vida útil. Como demostró una reciente encuesta del CIS, en torno al 70% de los españoles son contrarios a la utilización de la energía nuclear. Evidentemente, el plan no da satisfacción a este deseo mayoritario.

Carbón subterráneo

Si uno consigue orientarse en el laberinto de dos metodologías distintas y de la agrupación de los datos de tres maneras diferentes, llega a la conclusión de que el futuro de las energías renovables no es precisamente esperanzador. Pasarán. de representar del 2,9% al 3,4% del total consumido. El pretexto esgrimido es que estas energías no superan la barrera del mercado. Quienes así argumentan deberían explicar las cifras actuales de consumo de biomasa, o por qué si en Holanda o en Dinamarca se superarán los 1.000 megavatios de potencia eólicos, aquí sólo pueden instalarse 168, o cómo justificar el hecho de que desde 1985 se instalen cada año menos paneles solares, mientras que en países como Chipre, Israel, Turquía, Japón o Jordania del 25% al 65% del agua caliente se obtiene por esa vía.

Tampoco en logros sociales el plan merece un aplauso. Aunque el consumo, de carbón crece, el aumento de la importación y la opción por la minería a cielo abierto traerán irremediablemente la quiebra de la minería subterránea y la pérdida de muchos de los puestos de trabajo existentes. El argumento del Gobierno es el alto toste de este tipo de minería y la imposibilidad de mantener elevadas subvenciones estatales por los límites marcados por la CE para realizar el mercado común de la energía. Sin embargo, las subvenciones estatales por tonelada extraída quedan muy por debajo de las pagadas por varios países comunitarios.

Uno de los argumentos más repetidos por el PSOE es que no hay alternativas serias a sus propuestas políticas o económicas. No es este el caso. Con varios meses de antelación a la presentación del plan del Gobierno, el área de planificación económica de Izquierda Unida (IU) y la Asociación de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) habíamos hecho público el documento Energía 2000. Plan energético alternativo para un crecimiento sostenido, que mostraba que las cosas se podían hacer de otra manera. El documento, que pretende compatibilizar economía y ecología, se basa en la filosofía de gestión de la demanda y demostraba queel ahorro podía ser la gran apuesta energética a corto plazo hasta convertirse en la principal fuente de energía tras el petróleo.

La estrategia para lograr los fines descritos conjuga medidas administrativas, ayudas financieras, promoción de la investigación y, sobre todo, una política de precios que pretendía expresar todos los costes sociales; incluidos, claro está, los costes ambientales. Se propone el establecimiento de la tasa de aplicación ecológica, que permita reducir el consumo superfluo y orientar la sustitución de fuentes de gran impacto, al tiempo que permita recaudar fondos destinados a la consecución de los objetivos complementarios: ahorro, mejora de la eficiencia, promoción de energías renovables, etcétera.

Junto a la apuesta por el ahorro se muestra la firme disposición de desarrollar las energías alternativas y tecnologías de gran eficacia en la corrección del impacto ambiental. El plan lleva implícita una apuesta tecnológica de largo alcance que pasa por desarrollar aquellas opciones que permitan un desarrollo humano no lesivo para el medio ambiente, descentralizador y corrector de las desigualdades sociales y regionales. El documento realiza un balance económico que indica que las inversiones iniciales en ahorro, corrección de impactos y energías renovables posibilitan una reducción de los consumos de energía que compensan dichos desembolsos.

La mejora de la eficiencia en el uso de la energía, la reducción en las facturas de importación de materias primas energéticas, el desarrollo de tecnologías avanzadas para el aprovechamiento de recursos autóctonos y la creación de un tejido industrial de abastecimiento de equipos y servicios de calidad compensaría sobradamente los esfuerzos económicos que produce la elevación de los precios finales de los productos energéticos. Pero, además, se sientan las bases para tajar los gravísimos problemas ambientales de compleja solución que cada día aparecen más próximos y amenazantes (lluvias ácidas, accidentes nucleares, cambios climático, etcétera).

es responsable del área de planificación económica de Izquierda Unida y Ladislao Martínez es coordinador del área de energía de la Asociación de Defensa de la Naturaleza (Aedenat).