Una convergencia difícil con Europa

EL MINISTRO español de Economía está emplazado a presentar este mes ante la Comunidad Europea un plan de convergencia con los principales países de la CE que tiene que ser debatido antes en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Este proyecto tiene que reflejar las acciones de política económica que en el horizonte de los próximos cuatro años posibilitarían la convergencia de nuestra economía con aquellas que con toda probabilidad van a configurar la unión económica y monetaria europea en los términos convenidos en la pasada cumbre de Maastricht.La falta de algunos indicadores económicos correspondientes al mes de diciembre no impide anticipar las importantes divergencias que presentará nuestra economía frente a las consideradas centrales en la CE. Índice de inflación, tipos de interés a largo plazo y déficit público constituyen las referencias básicas que es preciso tener en cuenta a la hora de participar en la tercera y última fase de la unión monetaria, en la que habrá de implantarse la moneda única.

Ni que decir tiene que es el diferencial de inflación el que define una mayor distancia entre la economía española y las economías comunitarias que obtienen un mejor registro. Al término, de 1991, el IPC en nuestro país superará probablemente en más de tres puntos el promedio que corresponde a los tres países comunitarios con mayor estabilidad de precios. Según los acuerdos de Maastricht, esa distancia debe reducirse hasta 1,5 puntos como máximo. Conseguirlo en los proximos cuatro años es el empeño que hoy mismo se ve más difícil. Los presupuestos de 1992 no van a contribuir precisamente a lograr este objetivo. Cabe destacar la ausencia de acciones antiinflacionistas específicas, en medio de una situación general en la que persisten las mismas condiciones de los últimos meses.

Por mucho que el ministro de Economía se esfuer ce en matizar la distinción entre lo que realmente ocurre y lo que, según él, perciben los agentes ecionómicos, el diagnóstico no puede ser otro que el de una economía en la que su débil crecimiento y la ausencia de evidencias de pronta recuperación conviven con intensas presiones inflacionistas. Un cuadro que desde hace meses persiste en sus manifestaciones más expresivas de un deterioro económico, sin que hasta ahora haya recibido suficientes respuestas.

Aprobados unos presupuestos en modo alguno rigurosos, que poco o nada van a contribuir a contener la inflación, y en un contexto de manifiesto deterioro del clima de diálogo necesario para articular una política de rentas, las decisiones monetarias seguirán ejerciendo en solitario unaespecie de vigilia antiinflacionista que ha sido su principal característica, aunque sin lograr unos resultados notorios en los últimos meses.

Por ello, en la elaboración de ese programa de convergencia comunitaria, tan importante como la definición de propósitos -y su asunción por los representantes parlamentarios- ha de ser la descripción detallada de las acciones específicas destinadas a garantizar esa convergencia en los próximos años: actuaciones que incidan directamente sobre ese quiste inflacionista arraigado en el sector servicios y que propicien un compromiso de los agentes sociales en torno a un programa con el que asumir razonablemente los retos que impone el horizonte integrador. De lo contrario, 1992 será un año perdido, y el programa de convergencia, sólo un ejercicio de voluntarismo.