La Fiscalía antidroga pide el procesamiento de dos ex cuñados de Menem por blanqueo de dinero

La fiscalía antidroga solicitó ayer al juzgado número 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, el procesamiento de 25 personas por narcotráfico y blanqueo de dinero de la red que en 1990 intentó introducir desde Cabo Verde en España 535 kilos de cocaína. Acusados del lavado de narcodólares figuran dos ex familiares políticos del presidente argentino Carlos Menem: Amira Yoma, hermana de la ex esposa del presidente -Zulema- y directora general de audiencias de Menem, y el ex marido de la primera, Ibrahim Alí Ibrahim, ex alto cargo en el aeropuerto bonaerense.

La fiscalía antidroga también pide el procesamiento del ex secretario de Estado argentino para Asuntos Hidraúlicos, Mario Caserta. Esta misma fiscalía ya presentó días atrás una querella contra 35 miembros de esta poderosa red internacional de narcotráfico, de los que seis vuelven a aparecer en esta petición de procesamiento.La solicitud de procesamiento contra 25 personas entregada ayer a Garzón por la fiscalía antidroga implica a 18 de ellos, incluido el ex batería de Los Brincos, Fernando Arbex, en diversas operaciones de narcotráfico. Arbex ingresó en prisión el pasado mes de julio y actualmente está a la espera de la decisión del juez. Según el informe de la Fiscalía, esta red transportó en 1986 una gran cantidad de cocaína de Panamá a California mediante el Walter Lily, barco adquirido en Las Canarias. En 1987 se envió otra "importante" carga de cocaína desde Latinoamérica a España, de la que se interceptaron apenas cinco kilos en el aeropuerto de Barajas (Madrid), y de cuyo transporte se encargó Ramón Corujedo (actualmente bajo orden de busca).

De noviembre de 1988 a agosto de 1990, el argentino Alejando Guido Canda -aún buscado- envió presuntamente, casi todos los fines de semana, entre 50 y 60 kilos de cocaína al antiguo batería de Los Brincos, quien los distribuía en las fiestas que celebraba en su chalé de Pedraza (Segovia).

Envío a España

A principios de 1990, la red remitió 30 kilos de cocaína desde Argentina a España. La droga, almacenada en Madrid por Arbex en un piso de la calle Covarrubias, fue interceptada en Canarias cuando la iba a recibir Tomás del Pino, ya preso.

A mediados de 1990 se organiza el envío a España de un cargamento de 535 kilos de cocaína. El barco que la transporta desde Cartagena de Indias (Colombia) atraca en Cabo Verde el 15 de noviembre de 1990. Posteriormente, Tomás del Pino y José Puertas Fernández -hoy libre bajo fianza- debían conducirlo a Canarias. Para la introducción en España contratan a Rafael Rivero Delgado y Antonio Pulido Regueira, el primero en libertad condicional y el segundo bajo orden de busca. Del alijo, 200 kilos eran para Ángel Nogueira Barcia -ya preso- y el resto debía distribuirse en Valencia. El 22 de noviembre el alijo es interceptado por la policía caboverdiana y española.

Los capos de esta red, el estadounidense Mario Anello -bajo orden de busca- y Ramón Puentes -de origen cubano y ya extraditado por Uruguay a EE UU- disponían en Argentina de una poderosa infraestructura para el lavado del dinero de estas operaciones. Un personaje clave fue el entonces secretario de Estado para Asuntos Hidraúlicos Mario Caserta, quien controló a todas las personas que intervinieron en el transporte de dinero de EE UU a Argentina y, posteriormente, a Uruguay. Caserta recibía de Anello 100.000 dólares (10,5 millones de pesetas) cada vez que se introducía dinero en Argentina de la organización, siempre según la versión de la Fiscalía.

Las sumas llegaban a través del aeropuerto de Eceiza (Buenos Aires), donde eran ocultadas en vehículos que partían posteriormente hacia Montevideo, vía transbordador, para su ingreso en cuentas bancarias o cajas de seguridad.

La red disponía de correos con una situación personal privilegiada. Tal era el caso. de Amira Yoma, hermana de la entonces esposa del presidente argentino, Zulema, y directora general de Audiencias. Amira introdujo en Buenos Aires en los primeros días de agosto de 1990 un millón de dólares (105 millones de pesetas), oculto en dos maletas Samsonite, que la organización le entregó en Nueva York. En ese viaje le acompañaba su marido Ibrahim Alí Ibrahim -alto cargo en el aeropuerto bonaerense- que ocultaba en sus dos maletas igual suma.

En el aeropuerto de Eceiza, los capos Anello y Puentes se hicieron cargo de los dos millones de narcodólares. Amira hizo otro viaje de Nueva York a Buenos Aires con otros 700.000 dólares (73,5 millones de pesetas). Por cada uno de estos transportes, el fiscal cree que Amira cobró unos cinco millones de pesetas. Su marido recibió un 10% de los 11 millones de narcodólares (1.155 millones de pesetas).

Sociedades de la red

En esta conexión argentina participaron además como correos para introducir narcodólares en Buenos Aires y Montevideo, Carlos Torres, que ocultaba dinero en su garaje bonaerense; Jorge Fernández, comisario de vuelo de Aerolíneas Argentinas; Carlos Agustín Minotti, directivo de le empresa Digi Beep SA y Alberto Carlos Scopeletti; directivo de la empresa Welfar SA. Aparte de las citadas firmas, la red contaba para su labor de narcotráfico y blanqueo con las empresas Cierkon Investmen y Yasfor Investment. Los siete citados, se encuentran en libertad bajo fianza en Argentina, informa

La petición de procesamiento, además de los ya citados, incluye al italiano Antoni Giseppe Greco, ya detenido en España, quien compró en varias ocasiones cocaína a Puentes y luego la revendió a capos españoles. La petición de procesamiento abarca, también a los cuatro tripulantes del Good Luck, a disposición de las autoridades caboverdianas; al panameño Rodolfo Isaza, que compró dicho barco; a los colombianos proveedores de la droga, Jairo Durán y Elías Díaz Ramírez; así como el propio arrepentido, el panameño Andrés Ignacio Cruz Iglesias, coordinador de transportes de droga y de blanqueo, y hoy a disposición de Garzón.

La petición de la Fiscalía sugiere a Garzón que, tras el auto de procesamiento de los siete argentinos presuntamente implicados, remita testimonio a la justicia argentina, en virtud de lo establecido en la Convención de Viena de 1988. Ello no impedirá que esta causa prosiga en España su curso legal.