El 'informe Abril' resurge de sus cenizas

El informe Abril, encargado por el Parlamento a una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, ex vicepresidente del Gobierno con UCD, está resurgiendo de sus cenizas para convertirse, a pesar de su adverso nacimiento, en lo que pretendía: una plataforma de debate. La reciente declaración favorable del Colegio de Médicos de Barcelona marca una ruptura en el estamento médico, representado por la Organización Médica Colegial.

Este pronunciamiento se ha producido después. de que prácticamente todas las instituciones y organizaciones catalanas relacionadas con la sanidad hubieran organizado debates sobre el informe, a los que se han sucedido otros organizados en Sevilla y Granada.Esta rehabilitación, que incluye el apoyo explícito de los consejeros de Sanidad de las dos principales comunidades con competencias, Cataluña y Andalucía, y de la Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales, se ha iniciado por la periferia y ha permitido resucitar un texto qué cayó en desgracia cuando el Ministerio de Sanidad, temeroso de la repercusión que los aspectos más impopulares estaban teniendo en la opinión pública, le dio la espalda y lo dejó en un cajón.

Pero, mientras el ministerio parece sumido en la parálisis, el debate ha tomado vuelo y muestra ya una línea de consenso: hay acuerdo en las medidas destinadas a mejorar la gestión y la eficiencia de los servicios, pero el sistema debe seguir siendo mayoritariamente público, universal y equitativo.

Funcionarios

El Colegio de Médicos de Barcelona valora "como globalmente positivas" las medidas liberalizadoras del informe Abril, entendiendo por tales las encaminadas a descentralizar y desburocratizar la gestión. Particularmente significativa es su aceptación de negociar la su presión o modificación del actual estatuto del personal sanitario que otorga a los trabajadores sanitarios la condición de funcionarios. La junta colegial catalana estaría dispuesta a renunciar al sistema funcionarial y aceptar otro de contratos laborales, a cambio de incentivos económicos y profesionales y de que se implante un modelo de carrera profesional que contemple tres vías de promoción: la científico-asistencial, la de organización asistencial y la de gestión administrativa. A favor de este planteamiento se han pronunciado otros colectivos, como las federaciones de Asociaciones de Facultativos de Cataluña y de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).La posible pérdida de la propiedad de la plaza se contempla en Cataluña sin excesivas angustias porque una parte importante de los médicos trabajan ya para centros concertados en régimen de contratación laboral, y, como sibilinamente dice el Colegio de Médicos de Barcelona, ello no sólo no ha comportado "riesgos graves en la estabilidad laboral" sino que ha permitido una mayor promoción profesional y "una flexibilización positiva de ciertas normas, como la Ley de Incompatibilidades".

En el resto de España, en cambio, esta Cuestión se contempla con mayores recelos, porque apenas existe sector concertado. "En Andalucía, los centros concertados apenas representan poco más del 3% de los servicios sanitarios", ha manifestado a este diario el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien considera urgente implantar medidas que permitan una mejor gestión del sistema.

"El estatuto es negociable, pero la alternativa no tiene por qué ser necesariamente la laboralización. Pueden existir otras vías de flexibilización que permitan los mismos objetivos", afirma Marciano Sánchez Bayle, de la FADSP, organización progresista que ha manifestado su acuerdo con 40 de las 64 propuestas del informe Abril.

Las críticas al informe, sin embargo, son de peso, y sobre ellas existe, también un amplio consenso: el enfoque economicista conduce a que el único objetivo planteado sea una mejora de la productividad y la eficiencia, cuando éstas no tienen ningún sentido si no se enmarcan en unos objetivos de salud pública previamente establecidos. Tampoco aborda cuestiones tan fundamentales como la asistencia primaria o el modelo de organización territorial.

Al respecto, fue patético comprobar el pasado viernes en un debate organizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada cómo Enrique Costas Lombardía, vicepresidente de la comisión Abril, minimizaba con argumentos económicos la importancia de plantear unos objetivos de salud y una medicina preventiva, cuando esto es lo que recomienda la OMS y lo que intentan aplicar ya algunas administraciones, como la catalana y la andaluza, con sus planes de salud. "Flaco favor al informe Abril si sus únicos portavoces son economistas", decía un director médico.

Y es que tanto Abril Martorell como Costas Lombardía han llevado el peso de la rehabilitación pública del informe y, en el calor de los debates, su defensa del sector privado ha ido en ocasiones bastante más lejos que el propio informe, que no contempla la equiparación del sector privado con el público. Abril Martorell parece ser el único que defiende aún el tiquet moderador, es decir, que, los usuarios paguen directamente una parte de la asistencia. El hecho de que esta medida sea en buena parte la responsable del rechazo inicial del informe es un buen indicador de por dónde va la sensibilidad social, elemento esencial ante cualquier reforma.