Carpetazo en Nicaragua a la ley de la propiedad
La calma política llegó por fin en la noche del viernes a Managua cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César, levantó el pleno y, con el cuerpo erguido, escuchó el himno nacional. Acababa así una semana de tormenta política, envenenada por la violencia, gracias a que la Asamblea Nacional, y en especial su presidente, César, decidía dar carpetazo a la más explosiva y polémica ley del mandato de Violeta Chamorro: la de la propiedad.
No eran aún las seis de la tarde cuando el presidente de la Asamblea Nacional anunciaba de modo oficial y sin entrar en el verdadero fondo de la cuestión el retraso en la tramitación del proyecto de ley de la propiedad, "porque era el peor momento para resolver ese problema de Nicaragua", tan grave o más que el de la inseguridad que sufre el país, con tanta gente armada y desempleada.Esa ley fue concebida para que los sandinistas devolviesen las propiedades que se quedaron con el cambio de régimen.
Los incidentes del sábado 9 fueron los más graves sucedidos en la nueva etapa de Nicaragua, porque llenó las calles de elementos armados que, izando la bandera del sandinismo, decidieron vengar indiscriminadamente, atentando contra bienes del Estado y de particulares, una acción terrorista perpetrada el día anterior contra su mayor símbolo público en la capital nicaragüense: el mausoleo del comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente.
Pero el clima de violencia se veía venir, porque Nicaragua, en esta nueva etapa, vive atípicamente en política. El Gobierno, nacido de la coalición de 14 partidos que, en las urnas, arrebató el poder a los sandinistas en 1990, ha decidido desplazarse hacia el centro y ejecutar sus proyectos, sin tener que ceñirse exclusivamente al conjunto del grupo que le sostiene, por otra parte dividido en cuanto a la gestión del Ejecutivo. Ello ha empujado al Gobierno a buscar apoyos legislativos en la oposición sandinista y a toparse con nuevos enemigos. No todos, pero sí dentro de casa y con sus mismos colores.
El Gobierno argumenta que Nicaragua necesita de una reconciliación nacional que permita a todos los sectores del país, enconado y lleno de rencores tras 10 años de guerra aprender a vivir juntos. Al frente de esta bandera se encuentra Violeta Chamorro, pero el ejecutor y conductor de la política del país es su yerno, Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia, que ejerce funciones de primer ministro.
Política de acoso
Lacayo llegó al Gobierno fruto de la estrategia diseñada por su cuñado Alfredo César, uno de los artífices de la coalición Unión Nacional Opositora (UNO), que le arrebató el poder al sandinismo y desbancó a Daniel Ortega del liderazo del país. El ministro de la Presidencia, tras un año de estrecha colaboración con su cuñado, se independizó y empezó a ejecutar una política de no enfrentamiento con el sandinismo, mientras que César se atrincheró en el Parlamento y, sin dejar de sostener al Gobierno, inició una etapa de acoso al Frente, a veces con iniciativas como la de la ley de la propiedad y otras recordándole al Gobierno promesas incumplidas como la eliminación del poder sandinista en la cúpula del Ejército y la poli cía, los únicos bastiones que aún conservan los hombres que en su día hicieron la revolución en Nicaragua.Daniel Ortega renunció a ocupar su escaño en el Parlamento (le sustituye su suplente Sergio Ramírez). Pero su sombra ha permanecido durante estos 18 meses presente en todas las decisiones de su partido. Irritado por las reclamaciones de las propiedades a los dirigentes sandinistas, entre ellas su propia residencia, y acosado por los principales jefes de fila de la UNO, que le quieren llevar ante los tribunales bajo acu sación de terrorista, Ortega se desaforó recientemente y desenterró el viejo calificativo del somocismo para aplicárselo con ira a sus contrincantes políticos. El acoso a Ortega le ha radicalizado, y el sábado 9, en un acto público de desagravio al atentado contra el mausoleo de Carlos Fonseca, recuperó el lenguaje de las barricadas.
Sin víctimas en la calle y con el único rescoldo del olor a chamuscado provocado por la barbarie armada, se reanudaron las sesiones parlamentarias, en un clima de crispación y acentuada polarización política. Por primera vez, la UNO rechazaba el veto presidencial a una ley, en este caso sin trascendencia política alguna, pero introducía con este comportamiento antigubernamental una primera advertencia al Ejecutivo acerca de quién tiene el mando.
Esta actitud se interpretaba como un ensayo de lo que podría venir después: el rechazo del veto a la ley de la propiedad, tildada de inconstitucional por el Gobierno y con imprevisible reacción sandiñista.
Pero llegó el viernes y lo tan esperado se difuminó, porque el Gobierno, que guarda aún cierta autoridad sobre un grupo de diputados de la UNO, dividió a la coalición y dejó al presidente de la Asamblea Nacional, principal impulsor de esta ley, en minoría.
