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Guerra y Roca pactan el fin del enfrentamiento sobre la denominación de Gerona y Lérida en catalán

Anabel Díez

El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, dio su visto bueno anteayer a la fórmula sobre la denominación oficial de las provincias de Girona y Lleida para que su versión castellana, es decir, Gerona y Lérida, pueda ser utilizada en libros de textos y usos no oficiales en el resto de España. Guerra pactó con el portavoz de Convergència i Unió (CiU), Miquel Roca, el texto final de la proposición, de acuerdo también con las precisiones realizadas por los socialistas catalanes, que ayer desplazaron a Madrid a su secretario de organización, Josep Maria Sala, para seguir de cerca la resolución del conflicto.

Portavoces de CiU manifestaron ayer su sorpresa "política" al comprobar que detrás del conflicto provocado por estos toponímicos estaba Guerra. La presión de CiU junto al malestar de los socialistas catalanes han hecho que el vicesecretario general se ocupase personalmente de esta cuestión. Guerra había manifestado su apoyo a la oficialidad única en catalán, pero estaba muy interesado en que el uso vulgar de los términos Gerona y Lérida fuera de Cataluña no resultase afectado por el cambio de la denominación oficial.La polémica empezó con una proposición del grupo catalán aprobada hace un mes por todos los grupos, según la cual las provincias de Gerona y Lérida pasaban a denominarse oficialmente Girona y Lleida. Una semana después, y por sorpresa, los grupos Socialista y Popular presentaron enmiendas a esta proposición para que fueran igualmente oficiales las denominaciones castellana y catalana, lo que provocó la protesta de CiU, CDS e IU y un ostensible malestar en los socialistas catalanes.

Según versiones socialistas, Alfonso Guerra puso de manifiesto en una reunión de la ejecutiva federal el alto coste de esta acción, ya que habría que cambiar los mapas y los libros de texto. Por razones que ningún dirigente socialista ha podido explicar, de este debate surgió una enmienda del PSOE, redactada en el Ministerio para las Administraciones Públicas, que convertía la oficialidad única en catalán en cooficialidad.

Todo esto desembocó en una campana contra la cooficialidad de notables dimensiones ciudadanas en las provincias de Lérida y Gerona, al frente de la cual se pusieron los alcaldes de ambas capitales.

En la noche del martes se materializó un acuerdo sobre el texto de la proposición entre CiU y el PSOE siendo sus negociadores Roca por los primeros y Eduardo Martín Toval por los socialistas. Fuentes de CiU informaron ayer que Martín Toval, en presencia de Roca, arbitraba telefónicamente la solución con Guerra, que finalmente hizo la redacción transaccional.

Así las cosas ésta es la solución pactada: "En los libros de textos y material didáctico y en otros usos no oficiales, cuando la lengua que se utilice sea el castellano el topónimo correspondiente podrá designarse en esta lengua". Este texto fue presentrado ayer por Ios socialistas en la ponencia de Administraciones Públicas del Congreso y llevó aparejado que populares y socialistas retiraran sus anteriores enmiendas.

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No obstante, y con caracter simbólico, los representantes de CIU e IU-Iniciativa per Catalunya se abstuvieron, aunque cuando la proposición pase ya redactada con el nuevo texto a comisión el próximo día 12 obtendrá el voto afirmativo de todos los grupos.

No ha registrado variación una disposición adicional de esta proposición de CIU que tiene el siguiente texto: "Se faculta al Gobierno para adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación de esta ley, que deberán comprender, entre otras, el cambio de las letras GE por Gl en las placas oficiales de matrículas de vehículos de la provincia de Girona".

El grupo catalán se da por satisfecho dado que, aunque en estamentos no oficiales pueda denominarse a estas provincias por su nombre castellano, a efectos oficiales queda reconocido el topónimo catalán.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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