Un casamiento de conveniencia

El autor define el acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos como un matrimonio de conveniencia en el que hay cosas a ganar y a perder por ambas partes. Pero destaca que la integración es fundamentalmente mal vista sólo por aquellos grupos que buscan mantener privilegios de tipo corporativo.

El acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos ha generado una fuerte polémica en este último país, que en el caso de México ha tenido un tono algo menor. Por ello sería conveniente que en España nos comenzáramos a plantear seriamente el problema, dada la gran trascendencia que tiene. Según dice Pablo Bustelo en un artículo (véase EL PAÍS del 24 de junio de 1991), las ventajas del acuerdo para México no son demasiado buenas, ni desde el punto de vista económico ni desde el político. En realidad, viene a alertarnos sobre sus consecuencias, y sobre el hecho de que la apertura de las fronteras probablemente no será la panacea en que algunos piensan. Sin embargo, hay que tener presente que el tratado va mucho más allá del desarme arancelario y afectará a ambos países en cuestiones que superan los temas estrictamente económicos.Desde el punto de vista político, Bustelo señala que el apoyo de Estados Unidos tenderá a reforzar el dominio del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la vez que dificultará la transición a un sistema multipartidista. Nada más lejos de la realidad. Téngase en cuenta que Salinas de Gortari ha apostado fuertemente por la democratización del país, y el tratado de libre comercio se mueve en esa línea. Una cosa distinta es si, pese a sus esfuerzos, logra vencer la fuerte oposición de todos aquellos grupos que a la sombra del Gobierno, y aun al margen del mismo, apuestan por el mantenimiento del statu quo. En la medida en que el acuerdo supone la apertura de la economía mexicana, y no sólo la apertura fronteriza vía reducción arancelaria, los privilegios y subsidios otorgados a las distintas corporaciones, como los sindicatos y la burocracia, tenderán a reducirse considerablemente, y ello favorecerá la transparencia y liberalización del sistema.

Por otra parte, resulta bastante difícil pensar en la política mexicana únicamente en términos macroeconómicos. Las principales críticas que en México se realizan al tratado tienen que ver más con la conservación de la nacionalidad y la cultura mexicana que con la subordinación de la economía mexicana a Estados Unidos. Cuando Salinas presentó públicamente su propuesta de integración económica, la respuesta de los partidos de la oposición fue considerablemente menos beligerante de lo que esperaban las autoridades gubernamentales. De todas formas, hay que tener en cuenta que las reacciones frente al tratado no son iguales a lo largo y ancho del país. En el norte, que de hecho ya está bastante integrado económicamente con EE UU, el apoyo a la política gubernamental en este sentido es prácticamente unánime. Mientras tanto, es en el centro y en el sur donde las protestas son mayores. Por ello no sería de extrañar que la oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de Cuauhtémoc Cárdenas, no sea todo lo cerrada que Bustelo espera.

La inmigración

Más tarde o más temprano, la libre circulación de mercancías y de capitales implicará también la libre circulación de personas a ambos lados de la frontera. Si bien para ambos países este hecho supondrá solucionar el problema de la inmigración clandestina, al mismo tiempo le requerirá a México nuevas obligaciones en su frontera sur, donde deberá aumentar los controles a los inmigrantes centroamericanos deseosos de trasladarse a Estados Unidos. Se trataría de un papel similar, a la vez que desagradable, del que debe cumplir España con los países norteafricanos. Por otra parte, el tratado permitirá consolidar algo que ya se viene dando en la práctica: la progresiva mexicanización de los Estados del sur de Estados Unidos.

Desde un punto de vista económico, sería importante analizar el punto de partida previo a la firma del tratado. En este sentido nos encontramos con que la economía mexicana es una de las más saneadas de América Latina y está creciendo a una tasa del 4% anual. Por otra parte, ha obtenido éxitos considerables en la lucha por la negociación y reducción de la deuda (Plan Brady) y la contención de la inflación. Esta última pasó del 160% anual en 1987 al 51,7% en 1988, al 21,3% en 1989 y al 15% en 1990, lo cual está muy bien para los niveles latinoamericanos. Siempre argumentando desde el punto de vista mexicano, vemos que las exportaciones de ese país dirigidas al mercado norteamericano son mayoritarias frente a las que se dirigen a otros destinos (casi el 70% del total en 1989). De hecho, la integración económica forma parte de toda la zona norte del país, y en los últimos años se está produciendo una reorientación de los flujos comerciales desde la costa oeste a la del este. Esta integración supone que el crecimiento que ha tenido lugar en los últimos años en ciudades como Tijuana, Nogales u otras establecidas en la frontera norte, o cerca de ella, son espectaculares. Los intercambios, legales e ilegales, de hombres y mercancías, que diariamente se producen a ambos lados de la frontera son inconmensurables y ya los vecinos del norte no cruzan la línea únicamente para comprar alcohol.

La preferencia, señalada por Bustelo, de las multinacionales por invertir en los países del este de Europa es algo que habría que demostrar con algunas cifras. Tengamos en cuenta que en el último año las inversiones extranjeras directas en México han sumado la cantidad de 2.000 millones de dólares. En este aspecto, Bustelo olvida que la industria mexicana de autopartes es una de las de mayor productividad del mundo, y eso es algo que interesa sobremanera en Estados Unidos. La preferencia de los japoneses por invertir en México, como vía de penetración en el mercado norteamericano, ya es una realidad. Sin embargo, el modo de operar de muchas empresas es algo más refinado que la inversión directa. Primero se establecen en EE UU, y luego su filial invierte en México.

En definitiva, si el Gobierno mexicano apostó por el libre comercio es porque, previamente, muchos mexicanos ya se habían decantado por la integración. Como en todo matrimonio de conveniencia, hay cosas a ganar y a perder por ambas partes. Una integración que fundamentalmente es mal vista por aquellos grupos que buscan mantener privilegios de tipo corporativo, tanto en México como en Estados Unidos. Este es el caso de los sindicatos norteamericanos (AFL-CIO) y de algunos grupos cercanos al Partido Demócrata. También hay organizaciones ecelogistas que se oponen al tratado, por temor a la poca seriedad de las autoridades mexicanas en esta materia. Sin embargo, aquí se olvida la decidida actitud del Gobierno de Salinas al cerrar la refinería existente en el mismo corazón del distrito federal. Quizá habría que preguntarles a los consumidores de uno y otro lado de la frontera qué es lo que piensan del acuerdo.