Buscando apoyos al pacto de competitividad

El fracaso de las conversaciones para alcanzar un pacto social que modere el crecimiento de salarios y beneficios empujará al Gobierno a intentar buscar en el Parlamento el apoyo que no consiguió antes del verano de empresarios y sindicatos. El objetivo es mejorar la competitividad de la economía española ante el mercado único de 1993 y el vehículo usado serán los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que deberán enviarse al Parlamento antes del 30 de septiembre.Hasta entonces, y durante todo este mes, el Gobierno discutirá los ingresos y gastos del Estado. En este momento, todavía no se ha decidido si el Presupuesto será moderadamente expansivo, de contención o restrictivo, es decir, si el gasto público crecerá por encima, igual o menos que el conjunto de la economía. Se espera que el Gobierno tome una posición definitiva en el Consejo de Ministros del próximo viernes que permita cuadrar las cifras en cada departamento.

Las dos claves del Presupuesto son la inversión pública y la subida del IVA. En principio, Hacienda pretende que se congele el gasto en infraestructuras en la misma cantidad que la prevista para este año, es decir, poco más de un billón de pesetas. En cuanto al IVA, se da por seguro que subirá, pero no está decidido cuánto -uno o dos puntos en el tipo medio y si se dejarán fuera los productos que tengan un mayor impacto en la inflación.

El control de los precios es el objetivo perseguido por el equipo del titular de Economía, Carlos Solchaga, y se espera que durante el mes de septiembre se hagan públicas las medidas sectoriales anunciadas por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Esta es una de las señales esperadas por los mercados financieros para apostar por un descenso de los tipos de interés.

Entre tanto, la concertación social con empresarios y sindicatos quedará reducida a una serie de acuerdos sectoriales, que afectarán sobre todo a regulación del empleo y a formación profesional. El consenso sobre una política económica global quedará así reservado al Parlamento, aunque el Ejecutivo se encontrará con dificultades para lograr apoyos en el propio grupo socialista y en las restantes fuerzas.