Órdago filipino a las bases americanas

La Constitución filipina de 1987 establece que no podrán permanecer tropas extranjeras en el país después del 16 de septiembre de 1991 si un tratado ratificado por el Senado no establece lo contrario. Pues bien, a menos de un mes de esa fecha, el tratado que debe establecer la continuidad de las tropas de Estados Unidos en Filipinas aún no ha sido ni siquiera rubricado, los negociadores siguen perfilando "algunos detalles" y el Senado de Manila ya ha hecho saber, mediante una votación informal, que rechaza de plano lo ya acordado. A estas alturas, nadie se atreve a asegurar que los norteamericanos no van a tener que abandonar precipitadamente el archipiélago.

El 17 de julio pasado, el Gobierno filipino anunció que había llegado a un acuerdo con el de Estados Unidos, según el cual los norteamericanos se comprometen a abandonar el año próximo la base aérea de Clark, tremendamente dañada por la erupción del Pinatubo. Los filipinos, por su parte, permiten que la base naval de Subic siga en manos de la Navy durante 10 años más a cambio de un alquiler de 203 millones de dólares anuales. Los norteamericanos dan al acuerdo la consideración de tratado, pero prevén tramitarlo como acuerdo ejecutivo, sin someterlo a la ratificación de su Senado.El texto acordado, que un mes después sigue siendo pulido por los negociadores, ha recibido ya el voto en contra de 16 de los 23 miembros del Senado filipino, en una votación informal celebrada el 31 de julio. El acuerdo requiere 16 de los 23 votos, pero a favor, para ser ratificado.

Los opositores al tratado pactado consideran que la compensación por la base de Subic es escasa, que diez años de alquiler son demasiados y que no resulta equilibrado que Filipinas tramite el texto como tratado y EE UU, no. Eso en cuanto a las objeciones al contenido. Por encima de ellas, algunos senadores -con Jovito Salonga, presidente de la Cámara, a la cabeza- hacen una encendida defensa de la independencia plena de la nación y reclaman la definitiva, ruptura con Estados Unidos, el país que administró Filipinas en régimen colonial entre 1989 y 1946 (con excepción de los tres años de ocupación japonesa), y que desde entonces ha mantenido en el país, durante mucho tiempo gratis, sus dos mayores bases en Asia.

Brote nacionalista

Desde que la dictadura de Ferdinand Marcos se vino abajo en febrero de 1986, e incluso antes, un fuerte brote nacionalista se aprecia en la sociedad filipina, que lleva aparejado un cada vez mayor rechazo de la ex metrópoli. Durante la década de los ochenta, los filipinos han visto cómo numerosos países de la zona han emprendido el camino del desarrollo acelerado, mientras que el suyo no logra salir del estancamiento ni con dictadura ni con democracia.Esta circunstancia recibe una doble interpretación. Los partidarios de la ruptura con Estados Unidos argumentan que las largas décadas de acuerdos comerciales preferenciales y de ayuda económica americana no han servido para que el país despegue, por lo que encuentran razonable que el pueblo filipino trate de buscar su camino por sí mismo. Los partidarios de mantener la relación actual achacan a la inestabilidad interna el escaso desarrollo de los años ochenta y valoran la relación con EE UU como un factor de estabilidad imprescindible para que finalmente la inversión extranjera acuda en cantidades crecientes.

Los partidarios de ratificar el tratado intentan llevar el debate hacia un ámbito superior al de los intereses meramente filipinos. Así, recuerdan que la fuerte presencia norteamericana en el archipiélago es básica para garantizar el tráfico marítimo entre el Este de Asia y el sur del continente, el Oriente Medio y Europa. Aseguran también que no es razonable romper de un día para otro porque esta ruta es vital para la economía del Japón y ese país no puede jugar de forma inmediata un papel militar relevante, por lo que necesita que Estados Unidos siga jugando el papel de gendarme.

Incluso en el plano meramente interno, las bases no son algo menor. Estadísticas anteriores a la erupción del Pinatubo muestran que en Clark y Subic trabajaban directamente 80.000 filipinos, 20.000 de ellos full time. El trabajo indirecto generado por las instalaciones militares se cifraba en medio millón de empleos. Al abandonar los norteamericanos la base aérea de Clark y otras instalaciones menores, esas cifras se verán reducidas a aproximadamente la mitad, pero aun así seguirán siendo importantes para la economía filipina.

Para los observadores exteriores, lo más chocante es que la ruptura entre Filipinas y EE UU pueda producirse estando en el poder un Gobierno muy ligado en sus orígenes a los norteamericanos. La revolución pacífica que llevó a Corazón Aquino a la presidencia en 1986 difícilmente habría triunfado sin la actitud benevolente de Washington. Y todos los actuales senadores menos uno fueron elegidos un año después con el apoyo explícito de la presidenta, a la que ahora dan la espalda. Pocos dudan, además, de que los aviones de la base de Clark jugaron un papel relevante en el control del golpe de estado de diciembre de 1989 al sobrevolar estruendosamente las posiciones rebeldes.

Presiones al Senado

La Presidencia está sometiendo a fuerte presión a los senadores, al tiempo que ministros, directivos de empresas y altos jefes militares hacen estos días declaraciones subrayando las repercusiones negativas que tendría para la economía y para la modernización del Ejército la no ratíficación del tratado. Estas circunstancias hacen previsible que finalmente el Senado cambie de opinión, una vez descartada la vía intermedia de una renegociación global por el propio secretario de Defensa de EE UU. Dick Cheney ha asegurado que haría las maletas si el tratado no era ratificado, pero de ninguna manera reabriría las negociaciones.Con todo, aunque la fuerza de la inercia apunte hacia un sí final, ninguno de los observadores imparciales consultados se atreve a asegurar de manera rotunda que el Senado vaya a acabar cediendo. Y el tiempo está a punto de acabarse,