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Editorial:

Sombras económicas

LA RUPTURA de las negociaciones sobre el pacto de competitividad y el registro de un déficit presupuestario muy superior al previsto para el presente ejercicio no son las mejores bases desde las que la economía española pueda abordar la recta final previa a su integración en el mercado único europeo y el subsiguiente proceso de unión económica y monetaria. La persistencia de tasas de inflación significativamente superiores a las de nuestros principales socios comunitarios y la debilidad en la capacidad de generar empleo sintetizan un cuadro de situación en modo alguno favorable ante la asunción de los retos competitivos de 1993. Los indicadores correspondientes de las principales economías industrializadas obligan, por otro lado, a ser cautos acerca del grado de intensidad y de celeridad con que tendrá lugar la esperada reactivación.Las modestas tasas de crecimiento en los últimos meses de la producción industrial, de las importaciones de bienes de equipo y del empleo dan cuenta de ese menor pulso que hoy presenta la economía española. El menor crecimiento de la demanda interna ha posibilitado, sin embargo, que las exportaciones mantengan una tasa de crecimiento desde principios de año relativamente elevada, a laque indudablemente ha contribuido la expansión de las compras alemanas. únicamente la construcción, amparada esencialmente en el aumento que el año pasado experimentó la licitación de obra pública, mantiene el ritmo de crecimiento previsto. Tampoco los servicios han hecho otra cosa que moderar su ritmo de desaceleración, tal como se ha puesto de manifiesto recientemente en los datos correspondientes a los ingresos por turismo. En conjunto, el crecimiento de la economía española durante el primer semestre no habría superado el 2,5% en tasa interanual, sin que existan elementos que permitan confiar en un crecimiento, en el segundo semestre, capaz de alcanzar el 3% previsto por el Gobierno para el conjunto del ejercicio. La moderación en la creación de empleo ya observada en los últimos meses será probablemente más evidente en los próximos, como resultado de ese descenso de actividad.

Esa desaceleración de la producción no ha evitado que el comportamiento de los precios haya seguido mostrando resistencias a la bajá, acentuando esa dualidad sectorial ya típica de nuestra inflación según el grado de exposición, a la concurrencia exterior. Es el caso de los servicios cuyas elevadas tasas de variación de los precios no hacen sino reflejar las ineficiencias a que puede dar lugar la protección frente a la competencia exterior. La eliminación de ese quiste inflacionista constituye una precondición para que las ya de por sí limitadas políticas de demanda y, en especial, la monetaria, dominante en estos últimos años, dispongan de la virtualidad antiinflacionista que tienen en otras economías. Adicionalmente, los incrementos anunciados en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), anticipando la armonización con la Comunidad Europea, afectarán negativamente a esa necesaria convergencia de nuestros precios con los de la CE.

Sobre este telón de fondo, las restricciones presupuestarias anunciadas por el Gobierno, centradas fundamentalmente en las inversiones públicas, constituyen un serio revés, al margen de sus efectos sobre el crecimiento de la economía, al necesario proceso de dotación de infraestructuras y de capital humano en que ha de basarse cualquier estrategia económica de cierto alcance. La inevitabilidad de los recortes anunciados para los presupuestos generales del Estado del próximo año no puede eximir al Gobierno de su responsabilidad en la gestión y control de las finanzas públicas. Su obligación no es otra que la de posibilitar sobre una base de continuidad que la magnitud y la estructura de gasto público se adecuen a los límites establecidos y a las exigencias específicas de nuestra economía, al tiempo que actuar con el rigor técnico necesario para que las previsiones de ingresos se mantengan lo más ajustadas a la evolución de la economía.

Con todo, es preciso señalar una vez más que el saneamiento de las finanzas públicas españolas exige mejorar notablemente la administración tributaría, asumiendo dos prioridades en las que el compromiso del Gobierno no ha tenido la concreción necesaria: la eliminación de las ineficiencias presentes en la gestión del gasto público y la lucha decidida contra el fraude fiscal. Mientras tanto, al ciudadano español no le faltarán motivos para aumentar el escepticismo con que contempla en las últimas semanas una dirección económica del país tan sobrada de amenazas y actuaciones de emergencia como carente de eficacia en la articulación de sus decisiones fundamentales y en la transmisión de sus resultados y propósitos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de agosto de 1991