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Los forenses temen que Amira Yoma intente suicidarse

Amalia Beatriz o Amira (princesa, en sirio), la menor de los ocho hermanos Yoma, ex directora general de Audiencias del Gobierno que preside su cuñado Carlos Menem, cargo al que renunció el miércoles, permanece internada en una clínica psiquiátrica de Buenos Aires, donde ingresó voluntariamente la madrugada del viernes. La juez Graciela Varela ordenó al director del sanatorio que la retenga allí bajo control continuo porque, según el informe de los médicos forenses que la revisaron el sábado, "podría intentar suicidarse".

La juez de turno intervino a petición del doctor Jorge García Badaracco, director de la clínica DITEM (Docencia, Investigaciones y Tratamiento de Enfermedades Mentales), situada en el barrio de Belgrano, al norte de la ciudad.

Amira Yoma, que había pagado 40.000 dólares para que se la exima de prisión, debía presentarse esta semana para declarar ante la juez María Servini de Cubría, que investiga a los acusados de ingresar al país dinero clandestino que provenía del tráfico internacional de drogas.

La cuñada de Menem tenía en su historia clínica un antecedente de crisis nerviosa. El pasado mes de febrero ingresó con urgencia en el centro médico de diagnósticos de un sanatorio privado. Ella negó luego que hubiera "ingerido una alta dosis" de tranquilizantes, como dijeron los periódicos, aunque reconoció que por su trabajo sufría "mucha tensión" y tomaba pastillas sedantes para poder dormir. En aquella ocasión no logró recordar cuándo, ni por qué, ni quién había llamado a la ambulancia del servicio médico.

Prensa y justicia

Esta vez las causas de su estado parecen más claras y resultan la consecuencia de una presión combinada de la prensa y la justicia. Dos nuevos testigos, uno espontáneo y otro citado por la juez Servini de Cubría, la involucraron de tal modo en el lavado de dólares que su situación judicial pasó de acusada a la categoría de procesada.

La declaración del espontáneo Jalil Hussein Dib, un sirio de 28 años que era amigo "íntimo" de Amira y de su ex marido, Ibrahim al Ibrahim, el responsable político del aeropuerto internacional de Ezeiza, donde funciona la principal aduana del país, fue precisa y demoledora para la pareja. El testimonio del policía Rodolfo Addon, ex agente de custodia de Ibrahim entre 1989 y 1990, los hundió aún más.

El escándalo, que se había amortiguado después de la explosión inicial, cuando se publicó en España la confesión de un arrepentido de la banda que implicaba a los principales acusados de la llamada conexión argentina, estalló ahora en todas direcciones.

En los próximos dos meses, el Gobierno debe librar su primera prueba electoral, y la oposición reclama el juicio político a la juez Servini de Cubría por demorar el proceso de Amira y mantener reuniones privadas con miembros del poder ejecutivo, incluidas dos con Menem.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de julio de 1991