Preguntas sin respuesta

¿CUÁL ES la situación real de las cuentas del Estado y del conjunto de las administraciones públicas? ¿Se conoce la magnitud del déficit presupuestario? ¿Cuál es el grado de desviación real en los ingresos y gastos públicos? Parecen preguntas absurdas por obvias, pero surgen de un exceso de dudas que deben ser despejadas cuanto antes. Desde hace 10 meses han trascendido diversas noticias relacionadas con la ejecución de los presupuestos que paulatinamente han ido creando un cúmulo de sospechas sobre el estado de las finanzas públicas, potenciadas tras el reciente proyecto de aplicar un drástico recorte presupuestario.¿Tan mal estaban las cosas que a mitad del ejercicio -y sin explicación previa- ha sido necesario aplicar un recorte del gasto público de 440.000 millones de pesetas, lo que puede suponer un serio frenazo en las inversiones de infraestructura? El primer síntoma de que las cuentas no cuadraban surgió después del último verano, cuando se comprobó que las estimaciones de Hacienda, que cuantificaban en 164.000 millones de pesetas la disminución previsible en la recaudación del IVA, se habían quedado cortas. Al final del ejercicio de 1990, el descenso en la percepción por este tributo rebasó los 200.000 millones de pesetas. En el conjunto de los impuestos indirectos, el agujero provocado por la caída de la recaudación ascendía a 370.000 millones de pesetas.

Cuando se elaboraron los presupuestos de ingresos para 1991 se tomó, al menos en parte, la cautela de considerar esta caída de la cobranza fiscal. A pesar de ello, los ingresos por el IVA siguen decreciendo más de lo previsto -tanto por el fraude como por la disminución de la actividad en algunos sectores-, y, por tanto, a pesar de las precauciones adoptadas, será dificil cumplir las previsiones recaudatorias.

Sin embargo, donde el problema parece mayor es en el capítulo de los gastos. No se tomó para ellos precaución alguna, y se elaboró un presupuesto sobre la base del presentado el ejercicio anterior sin tener en cuenta lo que realmente se había gastado, que fue bastante más de lo planificado. De esta forma, el presupuesto de 1991 nació debilitado, algo sorprendente por la escasa y tardía información recibida. La auténtica prueba del nueve del enredo es el elevado déficit público con que se cerró el pasado ejercicio: un 2,75% del producto interior bruto, frente al 1,7% previsto. Los objetivos de terminar 1991 con un déficit público del 0,9% estaban bastante lejos de cualquier cálculo mínimamente realista.

Un ligero recuento en algunos ministerios sitúa el problema. Primero se supo que en el Ministerio de Obras Públicas había deudas atrasadas desde hacía varios años (30.000 millones sólo en expropiaciones). Después nos enteramos de que parte de las inversiones efectuadas en 1990 se habían incorporado al ejercicio de 1991 tras haberse agotado los fondos del ejercicio al que efectivamente correspondían. En el Ministerio de Sanidad se desveló que el gasto superó en 200.000 millones de pesetas lo previsto. En el seguro de desempleo, las prestaciones superarán en más de 250.000 millones de pesetas los cálculos. Esto sin contar el agujero que previsiblemente producirá la entrada en vigor de las nuevas pensiones no contributivas, anunciadas a bombo y platillo a principios de año, inicialmente previstas para unos 7.000 beneficiario, pero que es probable que alcancen a más de 150.000. En el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no se pueden captar todas las subvenciones comunitarias por falta de recursos del Gobierno español. Se trata de subvenciones que requieren una aportación simultánea de las autoridades espafiolas.

Estas alarmantes cifras hablan por sí solas. Si el Gobierno conoce la situación real de cada departamento, lo que parece indudable, ¿cómo puede errar tanto en la elaboración del presupuesto? ¿El anunciado recorte augura una restricción mayor para 1992? A ello hay que añadir el derrumbre de algunos mitos. Ahora resulta que no se produjo el llamado milagro del IVA, que la modélica implantación del impuesto no fue tal y que este tributo hace aguas por muchas partes. Y lo que es peor, el fraude en el IVA es sólo el primer eslabón de una cadena de ¡legalidades cuyo verdadero objetivo es ocultar actividades y, por tanto, beneficios en el impuesto de sociedades.

Resulta sorprendente tener que preguntar sí el Gobierno ofrecerá o no una amplia y rigurosa información sobre estas graves cuestiones y por qué no lo ha hecho hasta ahora. ¿Dónde están la luz y los taquígrafos? ¿Dónde la oposición? ¿Cómo es que no ha provocado aún un amplio y serio debate?