Jordi Pujol quiere que las instituciones asuman la propiedad del Liceo

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, abogó ayer por la transmisión a las instituciones públicas de la titularidad del Liceo como requisito indispensable para asegurar su continuidad y desarrollo. Pujol analizó, en una reunión con los representantes de las instituciones implicadas en el consorcio que gestiona el teatro, la forma de pagar los 5.955 millones de pesetas a que asciende la deuda acumulada por el todavía primer centro lírico español.

A la reunión, que se prolongó durante unos 90 minutos, asistieron, además de Pujol, el ministro de Cultura, Jordi Solé Tura; el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el presidente de la Diputación, Manuel Royes. Algunos de ellos acudieron acompañados por otros cargos de sus respectivas instituciones. La reunión se saldó sin resultados, si se exceptúa el acuerdo de celebrar una nueva reunión en septiembre para, esta vez sí, "alcanzar un acuerdo definitivo", según manifestó Pujol.La deuda acumulada por el Liceo ascenderá, a finales de agosto, a 5.995 millones de pesetas, y de no hallarse una solución seguirá creciendo", subrayó Pujol. Por este motivo, es decir, para evitar esta progresión al alza de la deuda, es imprescindible que se llegue a un acuerdo en septiembre, y lo es también para evitar que se repita una situación como la vivida en mayo del pasado año, cuando las personas directamente vinculadas a la gestión del teatro anunciaron que cerrarían sus puertas y, en consecuencia, suspenderían la temporada si no recibían 900 millones de pesetas en un breve plazo de tiempo.

Pujol afirmó que son las instituciones las responsables del Liceo y que a ellas corresponde el pago de la deuda. Señaló no obstante, en relación con la propuesta de Maragall: "Si unos terceros asumen esta responsabilidad, a la Generalitat le parecerá bien porque a nadie le sobra el dinero". Maragall propuso que un grupo de empresas y entidades bancarias asumieran la deuda a cambio de una cesión parcial de la propiedad del teatro durante un plazo de 10 a 15 años. "Si eso puede ser, muy bien", dijo Pujol; de lo contrario, "somos las instituciones las que debemos pagar". Pago que cada institución debería asumir en la misma proporción con que contribuye al presupuesto ordinario: 37,5% el Ministerio de Cultura, 32,5% la Generalitat, 20% el Ayuntamiento y 10% la Diputación.

Ampliación

El presidente autonómico señaló, con independencia de la fórmula que se adopte, que debe aclararse también la situación, "muy poco normal", dijo, que se vive en relación con la titularidad del teatro. "La responsabilidad funcional y económica del Liceo corresponde a las instituciones, que, sin embargo, no tienen la propiedad. Esto es el resulta do de un hecho histórico muy importante, que dice mucho de lo que la sociedad civil catalana ha hecho en los últimos 150 años. Pero eso no responde a la situación de hoy y esta situación debe cambiar". Pujol no aclaró, no obstante, si el cambio debe producirse por la vía del acuerdo con los propietarios o de la expropiación.Durante la reunión no se abordó la ampliación del teatro, iniciativa sobre la que no se adoptarán decisiones hasta que se llegue a un acuerdo sobre el pago de la deuda. Ello no implica, en cualquier caso, que la tramitación administrativa del proyecto se haya paralizado. Al contrario. Fuentes municipales aseguraron ayer que el plan especial que modificará la calificación urbanística de la zona afectada podría ser debatido en un próximo pleno de la corporaclón munícipal. Las fuentes informantes sugirieron que las conversaciones mantenidas últimamente entre representantes del gobierno municipal y de la oposicion permitirían aprobar el plan por unanimidad. El proyecto fue retirado en su día al anunciar el representante de Convergència i Unió que votaría en contra.