Visado para marroquíes, argelinos y tunecinos

I. C. El ingreso en Schengen tiene claras repercusiones sobre la política exterior e interior de España. Antes incluso de que se formalizase su adhesión, el Gobierno español impuso en mayo a marroquíes, argelinos y tunecinos el visado para entrar en España, demostrando así su disposición a armonizar con sus socios la política de concesión de ese documento.

A finales del año próximo se verá obligado a hacer por primera vez otro tanto con un país latinoamericano, la República Dominicana, y también con Turquía. Una recomendación del grupo que no es vinculante aconseja incluso a España que levante el visado para otros dos países, Australia e Israel, pero en Asuntos Exteriores se cree que sería excesivo hacer este gesto con el Estado israelí justo después de haber impuesto el trámite a tres naciones árabes.

Aun así, en el reciente debate sobre la ratificación del tratado en la Asamblea Nacional francesa, algunos diputados, como el neogaullista Masson, se preguntaron desde la tribuna de oradores hasta qué punto la policía española estaría en condiciones de controlar los flujos migratorios del Magreb. Cuando Schengen entre en vigor, España se convertirá, en cierta medida, en la frontera meridional de Francia.

De puertas para adentro, la ratificación española de Schengen tendrá que ser precedida por la promulgación de una ley de protección de datos personales y por la creación de la figura de un comisario que vigile el correcto cumplimiento de la nueva legislación por las autoridades. Teóricamente independiente, el comisario será, sin embargo, nombrado por seis años por el Consejo de Ministros.

Schengen comporta la creación en Estrasburgo del que será probablemente el mayor fichero policial del mundo, al que España contribuirá el primer año con tan sólo 50 millones de pesetas. A la secretaría general del grupo, con sede en Bruselas, el tesoro español tendrá que aportar otros 25 millones y cuatro o cinco funcionarios, que serán remunerados por el Estado español.