Los jefes policiales respaldan a Amedo y se niegan a contestar sobre los fondos reservados

Los jefes de José Amedo y Michel Domínguez respaldaron ayer ante el tribunal a sus subordinados en todo cuanto pudiese favorecerles y mostraron una absoluta falta de memoria en aquello que pudiera relacionarles con los GAL. Alegando "falta de autorización", se negaron a contestar a cualquier pregunta relacionada con los fondos reservados del Ministerio del Interior, actitud que fue amparada por el tribunal. Al término de la jornada, los abogados de la acción popular se reunieron para decidir si se retiran del juicio ante la diferencia de trato dispensada por el tribunal a los acusadores y a los testigos policiales.

Los jefes policiales de Amedo presentaron una versión bien concordada en la que avalaron el viaje de Amedo a Portugal "para investigar un tráfico de armas", consideraron los atentados de los GAL como un asunto extraterritorial y de la competencia de las autoridades francesas y prodigaron todo suerte de elogios hacia la labor profesional del policía José Amedo.Rafael del Río, ex director general de Policía y actual jefe de seguridad de Iberia, marcó la pauta al especificar- que durante su mandato se investigaron "todos los hechos terroristas ocurridos en el territorio nacional". Del Río, "una persona limitada de memoria", según sus propias palabras, eludió cualquier pregunta comprometedora con el pretexto de que no podía acordarse "de todos y cada uno de los actos realizados todos y cada uno de los días" que estuvo en su puesto.

El actual director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, una de cuyas declaraciones sumariales por escrito puso sobre el tapete que el viaje de Amedo a Portugal se financió con fondos reservados del Ministerio del Interior, declaró no tener constancia de que dichos fondos "se desviaran" para otra función distinta (la contratación de mercenarios) a la misión oficial encomendada.

Los comisarios Julio Hierro y Antonio Rosinos, antiguos jefes directos de Amedo, subrayaron su entusiasmo por el trabajo del policía: "Era un gran profesional, competente y brillante en su trabajo. Proporcionó informaciones muy importantes que pudieron servir para evitar muertes", declaró Hierro. Para Rosinos, el juicio al policía es "una de las mayores injusticias que se han cometido en este país".

Del Río y Rodríguez Colorado se negaron expresamente a responder a cualquier pregunta relacionada con los fondos reservados de Interior, alegando falta de autorización. El acusador Miguel Castells pidió que se les impusieran las multas de 100 a 1.000 pesetas previstas para los testigos que se niegan a declarar y se procediese contra ellos por desobediencia si reiteraban su negativa. El tribunal desestimó su petición.

Retirada de la acción popular

Las continuas fricciones entre la acción popular y el tribunal y la permisividad de éste con los testigos policiales motivaron que, al término de la jornada, los abogados de la acción popular se reuniesen para debatir si se retiran del juicio, decisión que queda pendiente de un acuerdo entre los ejercientes de esta acusación. Fernando Salas subrayó la "diferencia de trato" del tribunal con la acusación y los testigos de ayer, a los que se permitió tanto "realizar todo de tipo de manifestaciones" como "no contestar a determinadas preguntas" [sobre fondos reservados].Las testigos estelares de la jornada, Inmaculada Gómez Pérez y Blanca Balsategui, ex compañeras sentimentales de Amedo y Domínguez, respectivamente, abandonaron la Audiencia Nacional tras decidir el tribunal aplazar su declaración hasta el 2 de julio. El abogado de los policías, Gonzalo Casado, pidió un aplazamiento para conocer previamente las cintas de las intervenciones telefónicas que el juez Baltasar Garzón ordenó grabar a las dos mujeres. Blanca e Inmaculada son las principales testigos de cargo por el atentado al refugiado vasco Juan Carlos García Goena. Según fuentes de la Audiencia Nacional, las cintas no tienen relevancia procesal y contienen consideraciones de carácter íntimo.El tribunal también rechazó una petición de los abogados de la acción popular para que Felipe González aclare la última respuesta de su testimonio, en la que afirmaba que nunca se mencionó a los GAL en sus contactos con las autoridades francesas para estudiar la cooperación antiterrorista.