Defensa denuncia a 42 ayuntamientos vascos por negarse a alistar a los mozos

Un total de 42 ayuntamientos vascos han sido denunciados ante los tribunales por negarse a realizar las tareas de alistamiento a que les obliga la ley del Servicio Militar, segun reveló ayer ante la Comisión de Defensa del Congreso, el secretario de Estado para la Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra. Ninguna de estas acciones judiciales -que afectan a 23 municipios de Vizcaya, 16 de Guipúzcoa y tres de Alava- han concluido todavía, según fuentes de Defensa, ya que la mayoría los ayuntamientos han depuesto su actitud antes de que recaiga sentencia firme.Con estos datos, Suárez Pertierra quiso rebatir las críticas del diputado del Grupo Popular José Manuel Barquero, quien acusó a Defensa de "dejación" por no querellarse contra el alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, pese a los acuerdos antimilitaristas aprobados por la corporación que preside. El secretario de Estado expresó su "reprobación" y "repulsa" por los acuerdos del consistorio alavés, pero agregó que su contenido "no vulnera directamente la legalidad".

8% de profesionales

A preguntas del diputado popular Santiago López Valdivieso, Suárez Pertierra reveló que las Fuerzas Armadas cuentan con 14.000 voluntarios especiales y 8.500 soldados y marineros profesionales, lo que supone que el 8,4% de los efectivos de tropa son profesionales o semiprofesionales.

El alto cargo de Defensa no quiso revelar cuál es el objetivo de su departamento en cuanto al porcentaje de profesionales con que deben contar las Fuerzas Armadas, alegando que ello supondría adelantar el debate sobre el modelo de Servicio Militar, que ha sido aplazado por el PSOE hasta después de las elecciones municipales.

Suárez Pertierra adelantó su voluntad de que la futura ley del Servicio Militar incluya una nueva regulación del voluntariado especial, que ya no estaría ligado al cumplimiento de la mili, sino al deseo de quienes se inclinen por esta fórmula de convertirse en soldados profesionales.

Para lograr este objetivo, Defensa se propone atribuir a los soldados profesionales cometidos distintos a los de quienes cumplen el servicio militar, así como aumentar el tiempo de permanencia en algunas especialidades (actualmente va de 18 meses a tres años), abrir el acceso a las mujeres y darles una formación que les permita encontrar empleo cuando vuelvan a la vida civil.

Mientras, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, reveló ayer que militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado españolas participarán probablemente en la división de derechos humanos que Naciones Unidas se propone instalar en El Salvador y que, entre otras funciones, servirá de enlace entre el Gobierno salvadoreño y la guerrilla durante el proceso de pacificación.