Cooperación exterior
DURANTE MÁS de ocho años, Luis Yáñez ha sido presidente de la Comisión Nacional del V Centenario y, además, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Secipi, que hasta 1985 se denominó Instituto de Cooperación Iberoamericana). Se trata de dos responsabilidades de bastante calado para una misma persona. La idea de asociar la presidencia de la Comisión Nacional del V Centenario con la alcaldía de Sevilla parece acertada, aunque resulta bastante sospechoso que a Yáñez sólo se le ocurriera plantearla cuando fue designado candidato a presidir el consistorio hispalense, y no antes. En cualquier caso, es muy posible que su doble competencia haya lastrado el sistema español de cooperación para el desarrollo.No toda la culpa es suya, naturalmente. No lo fue que su entrada en el Ministerio de Exteriores fuera mal recibida corporativamente; tampoco que durante años fuera muy impreciso el contenido que se pretendía dar al V Centenario, ni tampoco que su condición de personaje esencialmente político y desconocedor de los resortes de la Administración del Estado encajara mal con los sectores financieros del Gobierno, que le reprocharon falta de rigor en el gasto y que a la larga le crearon dificultades para financiar programas de cooperación internacional cuya utilidad era mal percibida.
La cooperación para el desarrollo ha sido a menudo confundida en España con una especie de ayuda parroquial a los pobres y no como programa serio (le asistencia -por otra parte, no desinteresada, puesto que produce importantes beneficios a las empresas nacionales que participan de él-. Alemania, Suecia, Italia o Francia llevaban 30 años refinando sus modelos de ayuda e invirtiendo cantidades ingentes de dinero en el Tercer Mundo cuando nuestro país se sumó a la campaña. Aun así, la falta de apoyo gubernamental definitivo, la propia personalidad de Yáñez y la percepción sólo a regañadientes por el Ejecutivo -y no se diga el Legislativo- de que la cooperación internacional es un instrumento político y económico de primer orden complicaron y retrasaron aún más las cosas. Es significativo que la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente de la Secipi, no fuera creada hasta 1988.
Hoy, España, una de las 12 primeras economías del mundo, no pertenece al Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) porque su contribución no llega al 0,35% del PIB que, como media, aportan sus miembros. Pese a ello, desde 1982, el Gobierno ha mejorado sustancialmente su cuota: la media de contribución para 1991 es de casi el 0,2% del PIB. Por otra parte, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional ha tenido el mérito indudable de montar planes auténticos de desarrollo y una organización sensata para gestionarlos, por lo que puede hoy hablar el mismo idioma técnico, aunque no financiero, que Alemania, Italia o Suecia. Por esta razón, si el sistema de cooperación de la Secipi sirve a los intereses del V Centenario, al menos hasta 1993, no debe ser perjudicado por ellos: terminada la efeméride, la cooperación española al desarrollo debe mantenerse e impulsarse.
La personalidad del nuevo secretario de Estado, Inocencio Arias, facilitará sin duda la mayor imbricación del Ministerio de Asuntos Exteriores en el esfuerzo internacional de cooperación al desarrollo y una mayor colaboración de las embajadas. Y ayudará a combatir las explícitas tendencias de algunos sectores oficiales de convertir a América Latina en una zona totalmente subsidiaria de los intereses españoles, centrando la acción exterior en la Europa de 1993. La eficacia en el empeño y la claridad de los proyectos propiciarán la integración de la cooperación al desarrollo como una de las líneas maestras de la política exterior española, con derecho, por ende, al esfuerzo financiero sin reservas del Gobierno. Sólo así se evitará la retórica, tan familiar al pasado.
