Polémica en Perú por el acuerdo para la lucha antidroga negociado con EE UU

Las negociaciones previas a la firma de un convenio global de lucha antidroga entre Perú y Estados Unidos se llevan a cabo en Lima sobre un telón de fondo polémico y de mal disimuladas pugnas entre los grupos de influencias que rodean al presidente, Alberto Fujimori. La oficina presidencial emitió el pasado sábado un comunicado en el que se afirma que ese pacto no prevé una intervención de fuerzas militares extranjeras en Perú.

El forcejeo palaciego en Perú ha producido algunos cambios sorpresivos en el predicamento e importancia de estos grupos, lo que puede tener repercusiones significativas sobre el alcance y la forma del convenio. A su vez, desde fuera del Gobierno, una gama diversa de partidos, agrupaciones y personas interviene en el debate.Lo único hasta ahora unánime es el consenso sobre la importancia del convenio para el país. Aunque, salvo limitadas excepciones, casi todas las instituciones peruanas expresan, basándose en consideraciones morales, un tajante rechazo al narcotráfico, el hecho es que la exportación ilegal de cocaína semielaborada, cuyo valor en puerto de embarque se estima entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales (200.000 millones de pesetas), se ha convertido desde algunos años en el principal producto de exportación de Perú.

Y ello mientras la economía legal sufría una involución brutal, que ha hecho descender a la población a los niveles de 1973, y el ingreso per cápita al de 1957. Esto acentuó la creciente dependencia nacional de la economía del narcotráfico hasta el punto de que hoy -pese a la violencia que impera en la mayoría de las zonas cocaleras, especialmente en el Alto Huallaga- hay alrededor de un millón de personas directamente vinculadas a esa actividad.

Por otro lado, las relaciones bilaterales de Perú con Estados Unidos -como sucede también con las de Colombia y las de Bolivia- giran fundamentalmente, y en forma cada vez más marcada, alrededor del tema de la lucha contra el narcotráfico; y ello no porque estos países lo deseen, sino porque EE UU así lo impone.

Este año, luego de insistentes rumores sobre la posibilidad de que Perú recibiera una evaluación negativa de la Administración de George Bush, la certificación -hecha pública a comienzos de marzo- resultó fríamente favorable. Pero el Congreso de EE UU puede desaprobarla dentro de los siguientes 45 días, es decir, antes del 15 de abril. De ahí el carácter febril de las negociaciones para lograr la firma del convenio antes de esa fecha.