Discriminación educativa
Tres cartas y un editorial han aparecido recientemente en EL PAÍS criticando la futura política educativa del Gobierno vasco (PNV-EE-EA), a la que se acusa de discriminatoria, "nacionalista", y excluyente. Motivo: el deseo de extender el bilingüismo en la enseñanza y en la vida pública, garantizando que los derechos idiomáticos de todos los ciudadanos vascos sean respetados. Puesto que los lectores de EL PAÍS no formamos un bloque monolítico al valorar tales cuestiones, voy a defender un punto de vista contrario al que últimamente hemos leído en estas páginas.Cualquiera que conozca la situación lingüística del País Vasco sabrá que si alguien es frecuenternente discriminado en el trato diario es la minoría vascoparlante. Invito al lector a que se dirija en vascuence a los empleados de la Administración o de cualquier servicio público de San Sebastián y contabilice cuántas veces puede ser atendido en su propio idiorna (¿un 10% quizás?). Es evidente que en el País Vasco la población bilingüe es la vascoparlante (la que además del euskera conoce el castellano), y la monolingüe es la del habla castellana; difícilmente puede ser discriminado un ciudadano por dirigirse en castellano (idioma que todos conocen) ante la Administración, siendo el caso inverso bastante frecuente.
El clima de tolerancia y respeto que deseamos para Euskal Herria ganará muchos enteros el día en que se consiga una convivencia armónica entre las dos lenguas oficiales, en igualdad de condiciones. La sociedad vasca, minoritariamente (25%) vascófona, pero mayoritariamente (70%) nacionalista, desea un modelo educativo que garantice a sus hijos el perfecto aprendizaje de las dos lenguas oficiales en su comunidad. Pedagogos y sociolingüistas saben bien que únicamente un modelo educativo totalmente bilingüe es capaz de lograr tal objetivo-
