Los jueces se enfrentan al Gobierno chileno

La Corte Suprema de Chile considera que el Gobierno ha puesto en peligro "nada menos que la estabilidad del orden institucional, así como el régimen de derecho vigente". El Gobierno rechazó de forma categórica estas acusaciones con una seca nota publicada el jueves por la noche en Santiago. Los jueces se sienten acorralados por la petición del presidente Aylwin para que investiguen los crímenes cometidos durante el régimen militar.

Entre la Corte Suprema y el gobierno de Chile ha estallado un conflicto, desencadenado por el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la petición del presidente Patricio Aylwin de que los tribunales de justicia investiguen, "con el mayor celo y diligencia", los casos de los detenidos desaparecidos y los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.La publicación del informe Rettig sobre crímenes contra los derechos humanos ha significado un hito histórico en Chile en el camino hacia el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en los 16 años y medio de dictadura, pero queda pendiente la acción de los tribunales. En esta búsqueda de justicia un obstáculo lo constituye sin duda la composición de la Corte Suprema, formada por jueces que durante el régimen militar hicieron la vista gorda y prefirieron ignorar los crímenes. El informe Rettig constata de forma categórica que "durante el periodo que nos ocupa, el poder judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones de los derechos humanos".

En el discurso de presentación del informe, Aylwin anunció el envío de un oficio a la Corte Suprema, "para que active con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión de Verdad y Reconciliación remitió".

Además, Aylwin fijó su posición en el controvertido tema de la amnistía que concedieron los militares por los crímenes ocurridos hasta el año 1978. El Gobierno respeta esa ley de amnistía, es decir, no se perseguirá a nadie por delitos anteriores a esa fecha, pero considera que esto no impide que se investiguen los hechos, aunque esto no produzca condenas. Además queda abierta la posibilidad de juzgar y condenar crímenes posteriores a la amnistía de 1978.

En la picota

Los jueces se sienten acorralados y puestos en la picota por el informe y la petición de Aylwin, en nombre de la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, para que "se realicen las investigaciones necesarias para determinar la existencia del delito y la individualización de los responsables y para sancionarlos penal y civilmente cuando corresponda".La reacción de la Corte Suprema fue casi inmediata y, reunida en pleno, denunció el jueves que "las intervenciones públicas de autoridades de alto rango, así como de otros personeros, sea ello o no en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, han contribuido a fomentar un clima de perniciosa animosidad, por instigación de algunos sectores políticos, en cuanto se pretende desprestigiar al Poder Judicial empleando todos los recursos del escándalo".

Considera la Corte Suprema chilena que la campaña "ha adquirido ribetes de extrema gravedad". Se defienden los jueces de las acusaciones sobre su actuación durante la dictadura militar y dicen que "Io actuado por este tribunal en tales casos" es atacado con "argumentos que, también están divorciados de la realidad que se vivía en la época en que se cometieron los abusos contra los derechos humanos que se conocen".

La denuncia contra las autoridades de alto rango, a la que sólo faltaría poner el nombre del propio presidente Aylwin, se agrava con el argumento de que se han descubierto "planes para asesinar a ministros de esta Corte por parte de grupos terroristas" y esto pone en peligro, según la Corte Suprema, el orden institucional y el estado de Derecho. De forma categórica el Gobierno leyó la respuesta del presidente Patricio Aylwin a la Corte Suprema y rechazó las acusaciones que había hecho ésta: "El Gobierno no advierte que objetivamente existan elementos que importen una situación de peligro para la estabilidad del orden institucional o del régimen de derecho vigente".